Funcionarios del Gobierno se defendieron ayer de las acusaciones del diputado Guillermo Haro.
Los ministros tienen plazo hasta hoy para demostrar que no son deudores de la banca cerrada y presentar las declaraciones de bienes que debieron entregar antes de posesionarse, según lo anunció el viernes el presidente de la República, Alfredo Palacio.
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Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización del Congreso prepara una lista de otros funcionarios deudores, entre ellos el secretario de Comunicación de la Presidencia, Carlos Cortez, y el ministro de Economía, Rafael Correa, quienes explicaron su posición.
Hoy se cumple el plazo para que los ministros de Estado presenten sus declaraciones de bienes y las pruebas de descargo en caso de mantenerse en mora con la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) o con la banca privada.
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El presidente de la República, Alfredo Palacio, otorgó este plazo, pese a que estos documentos debieron notariarse antes de que dichos funcionarios se posesionaran en sus cargos, según la ley.
Los secretarios de Estado tuvieron 48 horas para cumplir con este requisito -indica la página web de la Presidencia-, si no lo habían hecho antes de su posesión.
“Nadie que incumpla con la ley se quedará en el Gobierno”, sostuvo el Jefe de Estado, el viernes pasado durante un recorrido en Guayaquil.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional, Guillermo Haro (ID), anunció -el sábado pasado- que esta semana presentará una lista de los funcionarios del régimen que son deudores morosos de la banca.
En la nómina, anticipó, constan desde gobernadores hasta ministros.
El secretario de Comunicación de la Presidencia, Carlos Cortez, quien es mencionado por Haro como deudor del Banco de Machala y del Banco del Pichincha con calificación de alto riesgo (D) e incluso, irrecuperable (E), sostuvo que está cumpliendo con sus obligaciones y que aún no ha podido cancelar 740 dólares de un préstamo del que fue garante y 1.000 dólares de la tarjeta de crédito Visa Banco del Pichincha.
En la lista de la comisión legislativa también consta el ministro de Economía y Finanzas, Rafael Correa, con un valor pendiente con el Banco del Pichincha, calificado con riesgo E.
Esa obligación no es de una deuda contraída por el Ministro, sino que corresponde a los intereses generados por una cuenta mal cerrada por parte del banco, explicó ayer el subsecretario de Coordinación y Comunicación del Ministerio, Juan Carlos Toledo.
Este funcionario aseguró que en 1999, Correa cerró su tarjeta de crédito con el banco La Previsora, porque salió del país y al volver, en el 2001, supo que la cuenta no se había cerrado, que debía 97 dólares y que el saldo se había traspasado al Pichincha. Correa ha enviado comunicaciones a los bancos “para que le prueben que adeuda ese valor”, indicó Toledo.
Cornelio Tamariz, quien hasta el martes pasado era miembro del directorio de Andinatel, es otro de los funcionarios que constan como deudores morosos.
En total, tres ministros, un secretario, un gobernador, un asesor presidencial, un representante del Jefe de Estado ante uno de los organismos públicos y un gerente constan en el documento.
Haro recalcó que estos funcionarios deberán renunciar a sus cargos “porque el presidente Palacio prometió que sus colaboradores serían gente honesta”. Debían, dijo el diputado, “haber incluido en sus declaraciones de bienes sus compromisos con el sistema financiero”.
OTROS CASOS
PETROECUADOR
Robert Pinzón presentó el viernes pasado su dimisión al cargo de presidente ejecutivo de Petroecuador. Él pagó sus deudas con Proinco y el Banco del Pacífico tres días antes de posesionarse, según información que entregó a la prensa.
ANDINATEL
La renuncia de Cornelio Tamariz al directorio de Andinatel, el martes pasado, también estuvo motivada por sus deudas con la banca cerrada.
MINISTERIO DE ENERGÍA
Las obligaciones que el ministro de Energía, Fausto Cordovez, mantenía con la banca fue el primer caso público sobre colaboradores morosos. El funcionario canceló, entonces, sus obligaciones.