Una reforma luego de 7 años

Un referéndum legitimó la sucesión de Alarcón y la Asamblea reformó la Constitución.

El gobierno de Alfredo Palacio no es el primero que se compromete a organizar una consulta popular y una posible Asamblea Constituyente, luego de la destitución de un presidente de la República designado por votación popular, con el fin de obtener el respaldo de la población en el ejercicio de sus funciones.

Algo similar ocurrió en febrero de 1997 cuando Fabián Alarcón asumió la jefatura interina del Estado, en reemplazo del también destituido Abdalá Bucaram (PRE).

El objetivo de esa consulta, a diferencia de la que se anuncia para el 11 de diciembre del 2005, era ratificar en el cargo a Alarcón que se desempeñaba como presidente del Congreso y reemplazó a Bucaram por decisión del Parlamento, con el argumento de que en la Constitución no constaba la sucesión presidencial, por lo que la vicepresidenta Rosalía Arteaga no podía asumir.

Los resultados del referéndum exigieron reformas constitucionales como implementar el sistema de cooptación para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); que la CSJ designe a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura; que se atribuya al Congreso la facultad de elegir a las autoridades de los organismos de control; que se limitó el gasto electoral; y que la votación sea entre listas. Esto lo aprobó luego la Asamblea que fue convocada por el régimen.

A la denominada Asamblea Nacional le tocó laborar en medio de un proceso electoral para elegir a un nuevo presidente de la República (en mayo de 1998), y soportar las críticas de sectores del Congreso e incluso del gobierno de Alarcón, en lo que la prensa denominó como una “constante pugna de poderes”.

La Asamblea se instaló el 20 de diciembre de 1997 con 70 miembros, para un periodo de cuatro meses. La presidencia la ocupó Osvaldo Hurtado (ex DP), quien también participó en la reforma de la Constitución de 1979, tras un acuerdo entre la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano.

Ante la negativa del Congreso de recibirlos en su sala de sesiones, iniciaron su trabajo el 8 de enero de 1998 en la Academia de Guerra del Ejército, en Sangolquí (Pichincha). Luego sesionaron en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito; finalmente, se trasladaron a Riobamba.

Una Asamblea Constituyente es una instancia superior a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), es decir que tiene la atribución de cesar en funciones a los presidentes de la República, del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia.

Por esta razón y para evitar conflictos políticos la primera resolución que firmaron los asambleístas fue limitar su ámbito de acción, recuerda la ex asambleísta y catedrática, Alexandra Vela.

Entonces –dice ella– se impusieron como ejes de trabajo, “reformas que garantizaran la institucionalidad del país, que permitiera un trabajo más coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

La asamblea debía culminar sus labores el 30 de abril, pero el 1 de mayo decidieron prorrogar sus funciones hasta el 8 de ese mes, lo que originó enfrentamientos con el gobierno. Alarcón ordenó a los militares que los desalojaran de la Academia de Guerra.

Desde Guayaquil, el líder socialcristiano León Febres-Cordero dispuso el retiro de su bloque de asambleístas.

Como el presidente interino se negó a publicar en el Registro Oficial la autoprórroga que se concedió la asamblea, los miembros de esta decidieron asumir todos sus poderes, lo que preocupó al Ejecutivo.

Al mismo tiempo, el Congreso advirtió que también tenía la facultad para cambiar la Constitución. Entonces, la Asamblea aprobó una disposición transitoria que condiciona la reforma a la Carta Política: el segundo debate debe efectuarse un año después del primero, lo que ahora se conoce como “candado constitucional”.

Finalmente, el 5 de junio de 1998, en la Catedral de Riobamba, 56 asambleístas firmaron la nueva Constitución.

APUNTES

FECHA
 La Constitución de la República aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1998 entró en vigencia el 10 de agosto de ese año, con la posesión de Jamil Mahuad como presidente. Esta es considerada por algunos juristas como la decimoctava Carta Magna que tuvo el país, aunque otros señalan que es una reforma de la de 1979.

JUDICIAL
Estableció el sistema de cooptación para la designación de magistrados. Esta consiste en la elección interna entre candidatos de las universidades, funcionarios judiciales de carrera y abogados en libre ejercicio profesional.

DERECHOS
La Carta Magna de 1998 mantiene las garantías ciudadanas de las anteriores, pero agrega los derechos conocidos como de tercera generación o colectivos. Reconoce la diversidad del país declarando que el Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Garantiza los derechos de las mujeres, la diversidad étnica y existencia de los pueblos indígenas y negros como entidades históricas.

Introdujo las figuras del amparo constitucional, el hábeas data (derecho de las personas a documentación pública sobre sí mismos) e institucionalizó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción.