El Congreso Nacional rechazó esta tarde una propuesta del presidente Alfredo Palacio para reducir la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con lo que cerró el debate respecto a la reforma integral del tribunal y dio paso al proceso para la selección de sus integrantes.
 
Palacio propuso al Parlamento reducir de 31 a 16 el número de jueces que integran la CSJ, introduciendo una norma en este sentido en una ley aprobada por los legisladores para definir la conformación y el mecanismo para el nombramiento de los integrantes del máximo tribunal del país.
 
La idea, sin embargo, fue rechazada por 69 de 85 diputados presentes en la sesión, con lo que se puso fin a la discusión del marco legal para reconstituir la CSJ, que no opera debido a la falta de sus jueces. 
 
Los diputados volverán a reunirse el miércoles para resolver puntos menores de la reforma y la resolución para que sea publicada en el periódico oficial en los próximos días, con lo cual comenzará la búsqueda de los nuevos jueces de la CSJ, confirmaron fuentes legislativas.
 
Los 31 miembros de la CSJ fueron removidos por distintas facciones del Parlamento en dos ocasiones desde diciembre, lo que sumió al país en una aguda crisis que llevó en abril a la destitución del presidente Lucio Gutiérrez por haber intervenido políticamente al máximo organismo de la Función Judicial. 
 
La designación de los magistrados de la CSJ en esta ocasión estará a cargo de un comité integrado por cinco representantes de organismos vinculados con la administración de justicia.
 
El comité asumirá la responsabilidad de nombrar a los jueces ante la imposibilidad constitucional de que el Parlamento lo haga.
 
La designación de los jueces tomaría al menos 60 días y será supervisada por empresas auditoras y entidades internacionales, en un esfuerzo por reducir la intervención política en la Corte.
 
Palacio y los parlamentarios acordaron que los magistrados podrán ejercer sus cargos hasta los 75 años, poniendo fin a la condición de vitalicios de la que gozaban hasta que Gutiérrez intervino la corte, apelando a mecanismos cuestionados por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
 
Los jueces de la CSJ no deberán haber estado vinculados con partidos políticos por al menos cinco años.