Ecuador atraviesa crisis política

La destitución del presidente Lucio Gutiérrez no terminó con el descontento popular y los problemas políticos en el país. Esta semana el Parlamento tiene el reto de empezar a tratar la reforma orgánica de la Función Judicial para nombrar nuevos magistrados. También está pendiente la reestructuración de los tribunales Constitucional y Electoral. Ecuador, una vez más, vive una situación de caos. Tras la caída de Lucio Gutiérrez, los escenarios futuros son de incertidumbre con un relevo presidencial cuestionado, sin Corte Suprema de Justicia, un Congreso autodesterrado y con una clase política desprestigiada a la que parte de la ciudadanía ha dado muestras de desprecio.

La batalla callejera no decae en Quito

Ecuador está sumergido en un enredo político-jurídico que preocupa a la comunidad internacional y mantiene a la expectativa  a los ecuatorianos por las decisiones políticas, que empezarán a tomarse este lunes, luego  que el pasado 20 de abril se derrocó al gobierno de Lucio Gutiérrez y asumió la presidencia Alfredo Palacio.

Gutiérrez, quien fue elegido con el 54,3% de votos para el periodo 2003-2007, se convirtió en el tercer presidente que no concluye su mandato en Ecuador, desde el retorno a la democracia en 1978.

Abdalá Bucaram fue destituido por el Congreso en febrero de 1997 por incapacidad mental; Jamil Mahuad renunció y se declaró su abandono del poder el 21 de enero del 2000, luego de una asonada civil-militar en la que participó Gutiérrez, quien más tarde llegó al poder en elecciones populares, pero fue defenestrado el pasado 20 de abril.

El Parlamento, con 60 votos, tomó la decisión de destituir a Gutiérrez por abandono de cargo, durante una sesión que fue presidida por la socialcristiana Cynthia Viteri. Paralelamente, las Fuerzas Armadas anunciaron el retiro de su apoyo al hasta entonces mandatario.

Ese fue el efecto de la crisis política que  se inició el 8 de diciembre pasado, cuando una mayoría legislativa afín al régimen de Gutiérrez destituyó a la Corte Suprema de Justicia y nombró una nueva, con lo cual se iniciaron las protestas políticas y ciudadanas. Las manifestaciones en las calles de Quito se incrementaron luego de que el 29 de marzo anterior el entonces presidente de la Corte, Guillermo Castro Dáger, amigo personal del ex gobernante Abdalá Bucaram, anuló dos juicios que se seguían en contra del ex mandatario, así como los del ex jefe de Estado, Gustavo Noboa, y del ex vicepresidente Alberto Dahik.

Bucaram, quien se encontraba asilado en Panamá, regresó al país el 2 de abril y las protestas subieron de tono, mientras en el Congreso los legisladores no lograban llegar a un acuerdo para cambiar la CSJ.

Dahik volvió de Costa Rica, donde era asilado político, el 1 de abril, pero solo por unos días. Mientras el también ex presidente Gustavo Noboa retornó el 3 de abril de República Dominicana y permanece en Guayaquil. Bucaram informó ayer a la agencia AFP que él está en Venezuela. Él es buscado por la Policía por una instrucción fiscal dictada luego de la caída de Gutiérrez.

Asambleas de Quito, Guayaquil y Cuenca organizaron manifestaciones para rechazar las violaciones a la Constitución, como analistas y políticos definieron el cambio de la Corte en diciembre, así como de los tribunales Supremo Electoral y Constitucional.

El pasado 13 de abril, la convocatoria de radio La Luna a una protesta ciudadana nocturna denominada “el cacerolazo” congregó a miles de quiteños a las calles. Esa noche se pedía la salida del país de Abdalá Bucaram. Los manifestantes se dirigían a El Batán, donde está el domicilio de Gutiérrez, entonces fueron repelidos con bombas lacrimógenas y el entonces presidente en declaraciones públicas los denominó “unos cuantos forajidos”.

Al calificativo, que los manifestantes adoptaron como nombre propio, se sumó un decreto Ejecutivo que el 15 de abril declaró la emergencia en Quito y destituyó a la Corte presidida por Castro.
Esto en su conjunto exacerbó las protestas que no eran lideradas por políticos y ya no se pedía solo la salida de Bucaram, sino también la de Gutiérrez y toda la clase política. El grito común era “que se vayan todos”.

Las manifestaciones siguieron por siete noches y la represión policial también.

Pese a que Gutiérrez levantó la emergencia y el 17 de abril el Congreso aprobó una resolución que dejaba sin efecto a la CSJ para dar legitimidad a la decisión de Gutiérrez considerada por constitucionalistas como intromisión de un poder en otro, las protestas no cesaron.

El 19 de abril los enfrentamientos entre los denominados “forajidos” y la fuerza pública fueron mayores y el periodista chileno Julio Augusto García (58 años) falleció por un paro cardiorrespiratorio esa noche. Y el 20 “los forajidos” volvieron a las calles. Esta presión llevó al Congreso a destituir a Gutiérrez, posesionar como presidente al entonces vicepresidente Alfredo Palacio. Las Fuerzas Armadas también le retiraron el apoyo.

Pero todo esto no ha solucionado la crisis en el Ecuador. La comunidad internacional ha expresado su preocupación y el reconocimiento del gobierno de Palacio no se ha formalizado por Estados Unidos ni la Organización de Estados Americanos (OEA), que enviará una comisión para analizar si la salida que se dio por la presión popular fue constitucional.

El peligro de que aumente la convulsión social tampoco ha pasado. Así lo revela la declaración que hizo el viernes el canciller de Brasil, Celso Amorim, quien manifestó que el Gobierno ecuatoriano demora la entrega de un salvoconducto a Gutiérrez, a quien su país concedió asilo político, por ese temor. Y es que las manifestaciones se trasladaron a la Embajada de Brasil, para pedir que se revea el asilo que se otorgó al ex presidente.

Mientras, el Congreso esta semana empezará a tratar temas para encaminar la salida a la crisis. El constitucionalista Antonio Arzube considera que los diputados deberían votar por la reconsideración de la cesación de Gutiérrez, para dar valor legal al abandono de poder que se decretó y que ahora sí es efectivo.

Los legisladores también tienen pendiente resolver la acefalía del Congreso, tras la cesación del presidente del Parlamento y del segundo vicepresidente, Omar Quintana (PRE) y Jorge Montero, en su orden, el mismo día que se destituyó a Gutiérrez. El 20 de abril se eligió primera vicepresidenta del Legislativo a Cynthia Viteri (PSC), quien está en funciones de presidenta encargada. El cargo de la socialcristiana permanecía vacante.

Pero la Corte Suprema de Justicia será una de las prioridades de la semana que se inicia, según Viteri. Al momento las más altas autoridades del país no tienen un juez natural y existen muchos procesos detenidos, por ello se habla de posibilidad de encargar la CSJ a los tres magistrados más antiguos de las cortes superiores hasta que se reforme la Ley Orgánica de la Función Judicial, para nombrar a la nueva Corte.

Una vez conformada la CSJ, se integrará el Consejo Nacional de la Judicatura, que deberá remitir al Parlamento la terna para designar al Ministro Fiscal de la Nación. La reestructuración del Tribunal Constitucional (TC) y Tribunal Supremo Electoral (TSE) es otro tema urgente. La designación del nuevo Presidente del Congreso será postergada, en razón de que las negociaciones no están adelantadas, reveló uno de los diputados de nueva mayoría.
 
Descrédito

El grito “que se vayan todos” es uno de los síntomas de que la clase política en el Ecuador vive una de sus más profundas crisis de credibilidad.

Crisis que llegó al extremo cuando a varios diputados (los representantes del pueblo para legislar) fueron agredidos físicamente por ese mismo pueblo con palos y puñetes.

El Congreso es uno de los símbolos de este descrédito cuando no pudo, por más de cuatro meses, llegar a consensos, porque, según el criterio generalizado, el reparto no llenaba sus expectativas de poder.