El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez decretó el estado de emergencia en Quito y la provincia de Pichincha y cesó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante la convulsión interna que vive la capital del país.
Gutiérrez limitó los derechos ciudadanos y declaró como zona de seguridad a la ciudad de Quito.
El estado de emergencia, que restringe las libertades públicas y faculta al presidente a tomar medidas en materia de seguridad del país y de una región en particular, rige desde esta misma noche.
En una cadena de radio y televisión, Gutiérrez explicó a los ecuatorianos que se vio en la imperiosa necesidad de tomar la drástica medida ante las crecientes protestas que vive la capital del país.
El martes anterior la secretaría de Comunicaciones del Palacio de Carondelet, había indicado que el gobierno descartaba la adopción del estado de emergencia.
La reestructuración de la CSJ el 8 de diciembre pasado por una mayoría oficialista del Congreso Nacional generó una crisis política y jurídica en el Ecuador.
De acuerdo a la Constitución, el presidente de la República tiene la facultad de decretar el estado de emergencia en caso de grave conmoción interna, disponiendo censura en los medios de comunicación y el empleo de la fuerza pública, así como la suspensión de derechos civiles.
Gutiérrez dijo que en virtud de que el legislativo no pudo encontrar una fórmula para reestructurar la CSJ, ni los Tribunales Constitucional (TC) y Tribunal Supremo Electoral (TSE), se veía obligado a salvaguardar los intereses del país y de la seguridad nacional.
"A nombre del pueblo ecuatoriano y por la tranquilidad de la República pido al honorable Congreso Nacional que en el transcurso de la próxima semana el proyecto de reforma a la ley orgánica de la Función Judicial", dijo Gutiérrez, quien concluyó con una invocación para que los ecuatorianos "nos pongamos en las manos de Dios".
Durante los últimos tres días las protestas que exigen la renuncia del mandatario y la disolución de la CSJ, han arreciado en Ecuador, donde la policía ha utilizado abundante gas lacrimógeno para dispersarlas.
El abogado constitucionalista, Carlos Solórzano dijo que el presidente Gutiérrez "no está facultado para disolver la Corte Suprema de Justicia" y aseguró que "se ha quitado la máscara y ha incurrido en una dictadura".