El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez decretó el  estado de emergencia en Quito y la provincia de Pichincha y cesó a los miembros  de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante la convulsión interna que vive la  capital del país.
 
Gutiérrez limitó los derechos ciudadanos y declaró como zona de seguridad a  la ciudad de Quito.
 
El estado de emergencia, que restringe las libertades públicas y faculta al  presidente a tomar medidas en materia de seguridad del país y de una región en  particular, rige desde esta misma noche.
 
En una cadena de radio y televisión, Gutiérrez explicó a los ecuatorianos  que se vio en la imperiosa necesidad de tomar la drástica medida ante las  crecientes protestas que vive la capital del país.
 
El martes anterior la secretaría de Comunicaciones del Palacio de  Carondelet, había indicado que el gobierno descartaba la adopción del estado de  emergencia.
 
La reestructuración de la CSJ el 8 de diciembre pasado por una mayoría  oficialista del Congreso Nacional generó una crisis política y jurídica en el  Ecuador.
 
De acuerdo a la Constitución, el presidente de la República tiene la  facultad de decretar el estado de emergencia en caso de grave conmoción  interna, disponiendo censura en los medios de comunicación y el empleo de la  fuerza pública, así como la suspensión de derechos civiles.
 
Gutiérrez dijo que en virtud de que el legislativo no pudo encontrar una  fórmula para reestructurar la CSJ, ni los Tribunales Constitucional (TC) y  Tribunal Supremo Electoral (TSE), se veía obligado a salvaguardar los intereses  del país y de la seguridad nacional.
 
"A nombre del pueblo ecuatoriano y por la tranquilidad de la República pido  al honorable Congreso Nacional que en el transcurso de la próxima semana el  proyecto de reforma a la ley orgánica de la Función Judicial", dijo Gutiérrez,  quien concluyó con una invocación para que los ecuatorianos "nos pongamos en  las manos de Dios".
 
Durante los últimos tres días las protestas que exigen la renuncia del  mandatario y la disolución de la CSJ, han arreciado en Ecuador, donde la  policía ha utilizado abundante gas lacrimógeno para dispersarlas.
 
El abogado constitucionalista, Carlos Solórzano dijo que el presidente  Gutiérrez "no está facultado para disolver la Corte Suprema de Justicia" y  aseguró que "se ha quitado la máscara y ha incurrido en una dictadura".