El procurador del Estado, José María Borja, en un oficio remitido ayer al ministro de Energía, Eduardo López, con copia al presidente Lucio Gutiérrez, insistió en la caducidad del contrato que el Estado mantiene con la petrolera estadounidense Occidental Exploration and Production.

“Dado el tiempo excesivo transcurrido (tras el pedido de caducidad del contrato) me permito exigir en el término de diez días un informe sobre los avances de la aplicación de las causales de caducidad contempladas en la ley”, reiteró Borja.

El 24 de agosto del 2004, Borja pidió al Ministerio de Energía la revisión del convenio con la empresa Oxy, pero hasta hoy no existe un pronunciamiento. La estatal Petroecuador tiene la obligación de analizar las posibles causales para la terminación del contrato y emitir un informe al Ministerio.

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La caducidad implica la inmediata devolución, de la empresa al Estado, de las áreas contratadas, así como la entrega de todos los equipos, maquinarias, instalaciones industriales, de transportes y demás infraestructura física con que cuente, sin que esta represente costo alguno para Petroecuador.

Borja insistió en que esa empresa ha incumplido con el artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos, que establece que para realizar la transferencia de las acciones debe contar con el permiso del Ministerio del ramo. Oxy pasó el derecho de sus acciones a la canadiense Encana y eso “constituye causal de caducidad del contrato”, según consta en el oficio.

El Estado y Occidental enfrentan otro litigio legal en las cortes internacionales, por retorno del Impuesto al Valor Agregado en las transacciones de bienes y servicios.

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Una decisión final está en manos de la Corte de Londres, para confirmar, o no, el pago del Estado ecuatoriano de $ 75,07 millones a Oxy.