Un posible juicio en Chile contra el líder de la colonia alemana Dignidad, Paul Schaefer, detenido en Argentina, permitirá aclarar el destino de numerosos desaparecidos bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, advirtieron ayer abogados defensores de los derechos humanos.
“Es probable que unas 119 personas que murieron en falsos enfrentamientos y están desaparecidas en la denominada Operación Colombo de la policía secreta chilena, en 1975, hayan terminado su vida en colonia Dignidad”, dijo el abogado Hugo Gutiérrez.
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Schaefer, de 83 años, fue apresado cerca de Buenos Aires, tras permanecer más de ocho años prófugo, en cumplimiento de una orden de captura del juez chileno Joaquín Billard, por la desaparición de Álvaro Vallejos Villagrán, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Vallejos fue detenido por agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de Pinochet, y su rastro se perdió en la colonia alemana, en agosto de 1974.
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El abogado Eduardo Contreras sostuvo que existen antecedentes que vinculan a Schaefer y la colonia Dignidad con la desaparición de diez miembros de la cúpula del Partido Comunista en mayo de 1976, detenidos mientras asistían a una reunión clandestina en una casa de Santiago.
El gobierno del presidente Ricardo Lagos espera que Argentina acceda a expulsar a Schaefer, para evitar un largo proceso de extradición.
Al ser detenido Schaefer se encontraba indocumentado, lo que daría atribuciones al gobierno argentino para expulsarlo.
Paul Schaefer, ex cabo enfermero nazi, fundó en 1961 la colonia Dignidad o Villa Baviera, bajo la fachada de una fundación de beneficencia. Pero realmente era una secta, donde Schaefer hacía y deshacía con sus habitantes, que permanecieron por décadas en semiesclavitud.
Las primeras denuncias contra Schaefer en Chile datan de cuatro décadas, pero siempre se escabulló con influencias desconocidas.
El ex militar nazi fue condenado en ausencia en Chile, por pedofilia al abusar sexualmente de niños campesinos. Además fue acusado de torturas en el régimen de Pinochet y es requerido en Alemania por “abuso y corrupción de menores” y en Francia por “secuestro y tortura”.