Una Corte Suprema de Justicia cuestionada nacional e internacionalmente, que ha comenzado a dictar resoluciones cargadas de intencionalidad política; un Tribunal Electoral que no refleja para nada la voluntad política de los electores y que proyectará una oscura sombra de duda sobre la limpieza del próximo proceso comicial; un proyecto de ley de Telecomunicaciones y un reglamento a la Ley de Acceso a la Información que parecen amenazas contra la libertad de expresión: nada de esto contribuye a esa reconciliación por la que el Presidente dice abogar.

Cierto es que no existe tampoco una oposición que cuestione estos procedimientos desde la óptica de los ciudadanos. Los críticos que en el pasado cometieron los mismos pecados, no tienen la autoridad suficiente para exigir cambios.

¿Para qué debemos prepararnos entonces? ¿Para nuevos gestos de autoritarismo que levanten el malestar general? ¿O para una rectificación necesaria e inaplazable? Si esta se produce, será sobre todo porque la sociedad civil hace escuchar su voz silenciosa.

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Que los ciudadanos estén muy atentos y vigilantes entonces: hoy más que nunca todos tenemos una responsabilidad que cumplir.