La Defensoría del Pueblo conformó una comisión científica y técnica para analizar la comercialización de la píldora de anticoncepción de emergencia.

En un comunicado, Claudio Mueckay, defensor del pueblo, indicó que es necesario abrir un proceso de investigación para determinar si con la prohibición de la comercialización del fármaco “se violan los derechos sexuales reconocidos en la Constitución”, así como en tratados internacionales ratificados por Ecuador.

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La comisión la integran representantes de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, de organismos de promoción de la mujer, y Andrés Calle, presidente de la Asociación de Ginecólogos del Ecuador.

Después de quince días de trabajo, la comisión entregará un informe a la Defensoría del Pueblo, que será puesto a consideración de la Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC).

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En el TC se encuentra en estudio la apelación a la resolución del Juez Tercero de lo Civil del Guayas, de suspender el registro sanitario de la píldora del día después.

La polémica gira en torno a si la pastilla puede llegar o no a provocar  aborto. La Iglesia cree que sí y que debe defenderse el derecho a la vida. Por ello solicitó al Ministerio de Salud retirar el permiso de comercialización del producto.

El debate sobre si el medicamento es anticonceptivo o abortivo también se centra en su componente levonorgestrel (principio activo de los anticonceptivos corrientes).

En Santiago de Chile, en diciembre pasado, la Corte de Apelaciones anuló una resolución judicial que impedía la venta y distribución del anticonceptivo de emergencia  (píldora del día después).