El número de muertos por el incendio del pasado viernes en una discoteca en Buenos Aires se incrementó ayer a 182, mientras los familiares de las víctimas reclamaban la renuncia de varias autoridades.
La falta de medidas de seguridad y de control en la discoteca República de Cromagnon, en el barrio de Plaza Once, colocó en difícil situación al jefe de gobierno (alcalde) de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, cuya renuncia se exige.
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El control sobre locales nocturnos o de espectáculos compete al gobierno municipal, cuyos inspectores han sido constantemente denunciados por actos de corrupción y por aceptar sobornos para tolerar irregularidades.
La discoteca estaba habilitada como lugar bailable, pero no para realizar conciertos musicales. Su capacidad, estimada en unas 1.500 personas, se había triplicado durante la actuación de un conjunto de rock, a la que asistieron unas 4.000 personas.
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Aunque tenía las salidas de emergencia reglamentarias, la discoteca las había cerrado con candados.
Ante la indignación de la población y los reclamos de la prensa, presentó su renuncia el secretario de seguridad de la ciudad, Juan Carlos López. Pero ello no acalló los reclamos, que apuntaban al alcalde Ibarra.
El diario La Nación denunció ayer que durante todo el 2004 la discoteca no fue visitada por inspectores del gobierno de la ciudad, y que solamente recibió una inspección del Cuerpo de Bomberos en abril pasado.
El jefe de gobierno trató de capear la crisis y dispuso en la noche del sábado que los locales bailables no podrán funcionar en los próximos quince días, mientras las autoridades verifican sus dispositivos de seguridad. También prohibió que se realicen recitales en locales cerrados.
Julio Salinas, director del estatal Servicio de Emergencias de Buenos Aires, precisó además que unas 700 personas quedaron heridas, 117 de gravedad.
La justicia ordenó la detención del propietario del local, Omar Chabán, quien fue capturado el pasado viernes por la policía.