José Guerrero Bermúdez, asesor jurídico de la Presidencia, descartó este mediodía la posibilidad de que el primer mandatario, coronel Lucio Gutiérrez, inicie acciones legales en contra de quienes, a su criterio, han incitado a la subversión del orden interno.
“Habría la posibilidad, pero el señor Presidente, tengo entendido que, después de que recibió el informe verbal no va a tomar ninguna decisión en ese sentido”, dijo Bermúdez a Teleamazonas.
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Así se descarta la posibilidad que Jaime Damerval, ministro de Gobierno, destacó esta mañana. Durante una entrevista con el canal en mención luego de señalar que el capítulo de sedición no es un asunto jurídico, enfatizó que quienes incurran en este delito serán enjuiciados.
El viernes, el Presidente analizó junto al Frente Político las declaraciones de los representantes de los gremios productivos y de algunas autoridades nacionales y locales que desconocieron la designación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y llamaron a la protesta ciudadana para frenar las inconstitucionalidades que, según ellos, se cometieron en ese proceso y en la reorganización de los tribunales Constitucional y Supremo Electoral.
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El asesor jurídico José Guerrero confirmó que se le ha encargado realizar un estudio legal que determine si es que las acciones antes referidas se configuran como un delito de incitación a la rebelión y los trámites jurídicos que se podrían iniciar para sancionarlo.
Pero la posibilidad de juicios políticos no es lo único que estudia el régimen. También se analizan los planes de la consulta popular que se tiene prevista para fines de marzo. La convocatoria, de acuerdo a Jorge Zavala Egas, subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Gobierno, debe hacerse lo más pronto posible. “Es decir, en el mes de diciembre”.
El texto que se utilizaría para dicha reforma, afirmó Damerval, es el que “pertenece al caballero (ex mandatario) Gustavo Noboa”.
Sin embargo, la última palabra la tiene el Presidente, quien deberá decidir si hay o no consulta en un máximo de mes y medio para iniciar un nuevo cambio en la Función Judicial.