AI entregó informe de un año del caso Fybeca

Para Amnistía Internacional, las cortes policiales no deben juzgar la presunta violación de DD.HH.

El caso Fybeca es el emblema de la impunidad, destaca el informe que Amnistía Internacional (AI) hará público hoy, un día antes de que se cumpla el primer año del operativo policial que dejó ocho personas muertas, dos de estas casuales y tres posibles desaparecidas.

Marco Bombón, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Ecuador, indicó que el informe “revela el incumplimiento del compromiso firmado el 30 de octubre del 2003 con las autoridades ecuatorianas, quienes se comprometieron a tomar las medidas correctivas para evitar que casos como este queden en la impunidad”.

El caso Fybeca, que ocurrió en la farmacia situada en la ciudadela Alborada, donde fallecieron en forma casual el pastor evangélico Carlos Andrade Almeida (quien fue a comprar pañales para su niña que entonces tenía 3 meses de edad), y el mensajero de la farmacia, Guime Córdova Encalada; “así como la desaparición forzada de Johnny Gómez Balda, César Mata Valenzuela y Erwin Vivar Palma” es para Amnistía “la prueba clara de las violaciones de derechos humanos y de la impunidad en el fuero policial”.

Bombón mencionó que pese al compromiso firmado por el secretario de la Presidencia de la República, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Congreso, la Comisión de lo Civil y Penal del Congreso, los jueces de la Corte Policial y la Ministra Fiscal General, “un año después no ha habido avances, lo que demuestra que el Estado no garantiza una justicia imparcial”, destacó.

Amnistía Internacional considera que el diseño de la justicia policial no permite actuar con independencia e imparcialidad, lo cual vulnera el derecho de toda persona a ser oída por un tribunal o un juez competente, independiente e imparcial.

El organismo sostiene en sus conclusiones que “la existencia de fueros especiales para juzgar delitos comunes, incluidas violaciones de derechos humanos, no solo vulnera los principios de independencia e imparcialidad sino que niega el derecho a la igualdad que garantiza la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que especifican que todas las personas tienen derecho sin discriminación ante la ley”.

Agrega Amnistía que “el uso de la justicia ordinaria para juzgar a miembros de la Policía acusados de delitos comunes, garantiza la igualdad ante la ley”.

El informe recomienda a las autoridades ecuatorianas “enviar un mensaje claro a las fuerzas del orden de que no se tolerarán las violaciones a los derechos humanos ni las amenazas contra denunciantes, o la pasividad de la Policía para investigar otros abusos. Si se dan, deben ser objeto de una investigación inmediata y efectiva, a cargo de un órgano independiente”, señala.