El Municipio asegura que destinó el 80%  de su presupuesto para la obra pública, y aunque la regeneración urbana cambió la imagen de Guayaquil, los barrios marginales piden más atención.

De las dos administraciones municipales sucesivas de su coideario socialcristiano León Febres-Cordero (1992 a 2000), el alcalde Jaime Nebot Saadi (con licencia por la campaña) dice haber heredado una institución ordenada y eficiente, con mucha obra pública ejecutada. “A mí me tocó crecer”, expresa el funcionario, quien se postula para la reelección.

Entonces, además de continuar con la obra popular (asfaltado de vías, construcción de mercados y programas sociales), Nebot concentró su trabajo en acicalar la imagen de la ciudad a través de los proyectos de regeneración urbana ejecutados por dos fundaciones: Malecón 2000 y Guayaquil Siglo XXI.

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La primera (creada durante la segunda administración de Febres-Cordero) construyó el Malecón Simón Bolívar con una inversión de 72,2 millones de dólares. Las dos etapas del Malecón del Salado construidas costaron 24 millones.

La segunda –que maneja un presupuesto de 35 millones de dólares– tiene a cargo de la reconstrucción y mantenimiento de las zonas céntrica y bancaria, los barrios residenciales y populares, el parque Forestal y el cerro Santa Ana.

Nebot defiende el modelo de gestión local de las fundaciones –aunque fue criticado incluso por el ex alcalde Febres-Cordero– porque considera que permite acelerar legalmente los procesos de contratación pública.

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“La Ley de Modernización del Estado, la Ley de la Contraloría y la Ley de la Procuraduría establecen que las instituciones de derecho público puedan crear fundaciones. Estas dos últimas entidades auditan el cumplimiento de las leyes privadas que suelen ser más ágiles; hay concursos, puja de precios y mecanismos de transparencia”, dice.

Sin embargo, el jurista Jaime Damerval señala, en notas de prensa y artículos de opinión, que “el efecto jurídico de las fundaciones, si es que no fue deseado, ha sido incuestionablemente librar a la administración de rentas municipales de la fiscalización del Contralor del Estado y del propio Concejo Cantonal, dineros que pasaron a ser manejados por personas no elegidas por el pueblo ni dependientes de él y hasta extrañas a él, circunstancia que por sí sola alienta la corrupción”.

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El Municipio de Guayaquil tiene participación en otras fundaciones encargadas de obras específicas: Aeroportuaria, Dragado, Terminal Terrestre y Aseguramiento Universal Popular.

Y una vez que concrete el acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para la transferencia de 100 millones de dólares de ahorro interno de la ciudad, creará una administradora de fondos y fideicomisos que pretende impulsar la construcción de vivienda.

Nebot señala que el cambio ornamental de la ciudad elevó la autoestima de sus habitantes, en especial de los pobres.

“Cuando uno mira el asfaltado de una calle no dice: ‘¡Caramba, qué bonito asfaltado!’, sino que está contento porque no camina en el lodo, porque llega el bombero, el policía, el bus. Los pobres no tienen piscinas, disfrutan de la ciudad por la regeneración urbana. Antes, el padre de familia de los barrios suburbanos se quedaba con los amigos jugando baraja y tomando cerveza, ahora está recorriendo junto a su familia el Malecón del Salado o el cerro Santa Ana”, argumenta el funcionario.

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En cambio, César Cárdenas, presidente de la Junta Cívica del Guasmo, considera que los sectores populares tienen necesidades más importantes (acceso a servicios básicos, empleo, salud y educación) que, de satisfacerse, sí elevarán su nivel de vida.

El dirigente expresa que la ejecución de la regeneración urbana debió ser consultada a la ciudadanía porque, de hecho, los trabajos tienen un costo para sus vecinos. Para fijar el costo, el Municipio tomó como como base el avalúo comercial de las propiedad; “este será cubierto en cuotas en el plazo de siete años”, indica la página web de la entidad (www.guayaquil.gov.ec).

El alcalde expresa que la regeneración urbana representa apenas el 10% del presupuesto del Municipio (350 millones de dólares). El 80% –agrega– está destinado a la obra pública popular y, lo restante, a los gastos administrativos.

De la obra popular, Nebot destaca el asfaltado de más de 637 kilómetros de calles, la construcción de pasos peatonales, mercados, canchas, parques y centros comunitarios.

El empresario Óscar Orrantia, vicepresidente de la Junta Cívica de Guayaquil, opina que la inversión municipal en obra pública “le dio movimiento económico a la ciudad”. “Los sectores productivos estábamos deprimidos. La obra pública tuvo un efecto multiplicador y generó más de 30 mil plazas de empleo”, asegura Orrantia, aunque considera que el Municipio pudo haber tomado a su cargo más compentencias para consolidar la descentralización.