Los servicios del estudio jurídico internacional Weil, Gotshal & Manges, que defiende a Ecuador en el caso de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la petrolera estadounidense Occidental, le cuesta al Estado -según cálculos de la Procuraduría- 525 dólares por hora, más costos de traducción, secretaría, envío de documentos, entre otros.

La Procuraduría y el Ministerio de Economía comenzarán a calcular el tiempo y el monto de la defensa, que se requerirá una vez que el Estado ecuatoriano apele el jueves próximo la sentencia emitida por el Tribunal Arbitral Internacional.

El Gobierno contrató los servicios de Weil, Gotshal & Manges el 21 de julio del 2003; el staff lo integran Eric Ordway, Charles E. Roh, Jr., J. Sloane Strickler, Alicia Cate y Alejandra Montenegro.

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Si hubiese proceso de apelación, el Estado seguiría sumando por tres o cuatro meses más las horas de defensa del consultorio jurídico.

Si el país obtiene resultados positivos en la apelación podrá frenar el pago de 75,07 millones de dólares a Occidental. De lo contrario, deberá cancelar dicho monto y reconocer, además, una tasa de interés anual del 4%, desde el 31 de julio hasta el día en que decida pagar.

Fernando Albuja, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de Occidental, informó que el laudo no es apelable porque así establecen las normas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas, sobre el derecho Internacional Mercantil (Uncitral, siglas en inglés).

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El ex embajador Alfonso Barrera coincidió con ese criterio; el único recurso que se puede aplicar, dijo, es la nulidad. No obstante, sostuvo, el problema es resolver ante quién se solicitaría dicha nulidad porque el Tribunal que sentenció no aceptará dicho recurso y la Corte Inglesa no tiene potestad para conocerlo.

Entre tanto, el Congreso se apresta para recibir mañana al procurador José María Borja y a la directora del Servicio de Rentas Internas, Elsa de Mena, para que expliquen la posición de Ecuador frente al fallo arbitral que determinó la devolución del IVA.