Un informe de asistencia legal elaborado por el jurista Nicolás Parducci para el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) concluye que el Directorio de este organismo debería “hacer una gran licitación pública, conducida transparente y eficientemente, que seleccione la mejor oferta económica” para entregar la prestación del servicio de generación y distribución de energía de Guayaquil.
La recomendación del jurista, contratado por el Conelec para realizar el estudio ante la solicitud de concesión específica que realizó el Comité Fiduciario, determina que “la concesión directa acarrea, a nuestro juicio, responsabilidad penal fundada en el artículo 257 del Código Penal”.
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El Comité Fiduciario es la instancia, formada por representantes de las cámaras de la Producción de Guayaquil, depositantes del Banco del Progreso, que tiene en custodia los bienes de las antes Emelec y Electroecuador, que ahora con otra denominación son administradas por el Conelec.
Precisamente la concesión directa o específica es la figura bajo la cual el Comité solicitó la operación del servicio de generación y distribución.
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Parducci, en su informe remitido a Javier Astudillo, director del Conelec, el 17 de junio anterior, también señala que diferir concertada e indefinidamente la delegación a la iniciativa privada podría “eventualmente configurar el concierto de suspensión o embarazo de la ejecución de esta, infracción contemplada en el artículo 251 del mismo código”. Allí se habla de prisión de seis meses a cinco años para los funcionarios que incidan en esto.
Rubén Barreno, presidente del Conelec, dijo la semana anterior, que este era solo un informe, pues “vamos a consultar al Procurador”.