“Tenemos un marco legal que no es satisfactorio desde el punto de vista del Gobierno”, dijo Rodríguez Zapatero ante el pleno del Congreso.

La reforma de la Ley de Extranjería española, en vigor desde diciembre pasado e impulsada por el anterior régimen, ha generado mucha controversia, ya que en ella se contemplan medidas como la exigencia a las compañías aéreas de informar sobre los pasajeros que trasladen o la creación de un visado único de tres meses para la búsqueda de empleo.

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Además, endurece las penas por la contratación de inmigrantes irregulares y por el tráfico de personas.

Fue su grupo parlamentario –recordó– el que fue al Tribunal Constitucional y se centró “en la privación de derechos también para inmigrantes”.

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