Los documentos presentados apuntan en algunos casos contra compañías que aparentemente no operan en ningún otro país, no tienen activos importantes y casi no cuentan con empleados.

En ciertos casos, la empresas denunciadas supuestamente no habrían sido inscritas en el Conatel como compañías autorizadas para operar en el ramo de las telecomunicaciones, tal como lo exige la ley.

Las diferentes denuncias a las que hacemos mención se tramitan en juzgados de la República y habrá que aguardar su dictamen para establecer en qué medida nos hallamos ante una de las artimañas que en los últimos años sirvieron para desangrar a Pacifictel.

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Para tal fin, los organismos de control, las autoridades nacionales y locales y los medios de comunicación deberán mantenerse vigilantes, asegurándose de que la función judicial actúe en estos casos con absoluta independencia y sin interferencias ajenas.

Es perfectamente conocido que la corrupción mueve siempre grandes intereses económicos y políticos.

El objetivo es conseguir que cualquier corrupto del sector privado o público reciba su merecido, pero también que las telecomunicaciones en la Costa no sigan sufriendo el castigo de un sistema que las esquilma y las hunde en la más absoluta ineficiencia.