La Asamblea General de la OEA debatirá en Quito desde el domingo hasta el martes nuevas instancias en la lucha contra la corrupción, en momentos en que varios mandatarios de los años 90 enfrentan procesos por lavado de dinero, mal desempeño y enriquecimiento ilícito.
El ex presidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) cerró una década de gobierno con un aluvión de denuncias por violación a los derechos humanos, desvío de fondos y corrupción que le valieron la destitución y lo empujaron a exiliarse en Japón.
El último informe Global sobre Corrupción de la organización Transparencia Internacional divulgado en marzo, ubica a Fujimori a la cabeza de los presidentes latinoamericanos con la mayor cifra de fondos malversados bajo su mandato, en este caso por cerca de 600 millones de dólares.
En el segundo puesto de la lista, con desvíos de fondos estimados en 100 millones de dólares, figura el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Aleman (1997-2002) actualmente recluido en una prisión de Managua donde purga una condena de 20 años de prisión por delitos de corrupción.
En Argentina, la justicia pidió la extradición del ex presidente Carlos Menem (1989-99), actualmente en Chile y considerado prófugo. Menem enfrenta un proceso por omisión maliciosa de cuentas abiertas en Suiza en su declaración patrimonial y un presunto pago de sobreprecios en la construcción de dos cárceles en la provincia de Buenos Aires.
El ex mandatario fue recluido en prisión domiciliaria durante 2001 por contrabando de armas a Croacia y Ecuador, pena que compartió con varios de sus ministros. Tras casi seis meses de detención el ex mandatario fue liberado por un polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia.
María Julia Alsogaray, figura emblemática de la década menemista, se convirtió hace una semana en la primera ex funcionaria de Menem condenada a 3 años de prisión efectiva por enriquecimiento ilícito.
Varios funcionarios del gobierno de Menem admitieron que ministros, secretarios y subsecretarios de Estado cobraban sueldos ilícitos de hasta 100.000 dólares mensuales.
En Ecuador, el ex mandatario Gustavo Noboa (2000-2003) fue enjuiciado por presunto perjuicio al Estado por la refinanciación de la deuda externa de su país, pero eludió el proceso y se asiló en República Dominicana tras alegar ser víctima de persecución política.
También refugiado bajo el paraguas del exilio, el ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram (1996-97), destituido por el Congreso por "incapacidad mental" para gobernar, enfrenta seis causas por diversos delitos de corrupción, lo mismo que su sucesor, Jamil Mahuad, derrocado en enero de 2000 por un levantamiento indígena con apoyo de un grupo de coroneles, quien reside actualmente en Estados Unidos.
En Paraguay el ex presidente Luis González Macchi (1999-2003) es procesado por enriquecimiento ilícito y desvío de 16 millones de dólares del Banco Central a una cuenta privada del Citibank en Nueva York, causa por la cual no puede salir del país, en tanto la justicia suiza lo investiga por lavado de dinero.
Se trata del segundo mandatario paraguayo procesado luego de que Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) fuera condenado a cuatro años de cárcel por el delito de "lesión de confianza" por el desvío en 1996 de 50 millones de dólares del Banco de Desarrollo.
El canciller de Perú, Manuel Rodriguez, adelantó que su país presentará ante la OEA una propuesta para el establecimiento de reglas de extradición claras que permitan juzgar en sus países a los gobernantes corruptos.
Ecuador, en tanto, propondrá reforzar el compromiso de los países miembros de negar amparo a ex funcionarios corruptos.
El proceso de deterioro de la credibilidad y la confianza en las instituciones en la región tuvo el mes pasado su cuota de dramatismo cuando una rebelión popular indígena linchó al alcalde la Ilave (sureste de Perú) acusado de cometer supuestos actos de corrupción y de faltar a sus deberes de funcionario público.
El caso de justicia por mano propia conmocionó al gobierno peruano y encendió una señal de alarma en la región sobre la necesidad de avanzar en un proceso de mayor transparencia en la gestión pública que asegure la gobernabilidad y proporcione mayor estabilidad a las democracias latinoamericanas.
Publicidad