Este mes comenzará la revisión de las cuentas de las tres mayores firmas ecuatorianas exportadoras de camarón a Estados Unidos, para determinar si venden a ese mercado a precios inferiores a los que venden a otros mercados. Si el Departamento de Comercio de los EE.UU. concluye que hay tal “dumping”, impondría un arancel compensatorio a todas las exportaciones ecuatorianas de camarón, que podría ser del 100% del valor, tal como piden los reclamantes: la flota camaronera de siete estados de los EE.UU. que pesca en el Golfo de México, y las firmas que procesan dicho camarón.  Bajo las reglas de los EE.UU., los ingresos que provea tal arancel punitivo permitirían subsidiar a los reclamantes. Si se declara culpables de dumping a los seis países demandados, las firmas reclamantes podrían lograr un subsidio anual de cerca de un millón de dólares cada una.

El Ecuador no hace dumping. No hay subsidios del Estado, no hay devaluación monetaria para reducir costos, no hay crédito preferencial. De seguirse el proceso bajo las reglas de la OMC, probablemente ni siquiera se hubiera iniciado la causa. Pero no son las reglas del OMC: son reglas de los EE.UU., y se corre el riesgo que primen criterios proteccionistas y consideraciones políticas.

Los armadores y procesadores que inician el juicio proceden de estados que votaron por George Bush en el 2000, y que los necesita para ganar las elecciones en el 2004. Su rival, el demócrata John Kerry, busca erigirse en el campeón del proteccionismo a ultranza: ha acusado de traidoras a las empresas de los EE.UU. que invierten en el extranjero, y ofrece cambios en la legislación tributaria para gravar la inversión en el exterior.

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Adicionalmente, entre las reglas que se van a aplicar para medir si un país ha incurrido en dumping, es ver si sus exportaciones han crecido en los últimos tres años. Las ecuatorianas sí han crecido del 2001 en adelante, pero debido a la paulatina recuperación del colapso de la producción que se dio con la mancha blanca. Aún no llega a la mitad del volumen que se exportó en 1998, ni a la tercera parte del valor.

En los últimos años, los camaroneros seleccionaron el camarón de acuerdo a su resistencia a la mancha blanca: los camarones más resistentes de cada camada son enviados a los laboratorios, para que se reproduzcan y su progenie sea la nueva generación. Luego de años de este proceso, el camarón ha alcanzado un grado de resistencia que se traduce en un porcentaje de supervivencia que torna nuevamente atractivo el cultivo. A lo cual se suman nuevas técnicas, como el cultivo en invernadero, donde la inversión es mayor, pero también, la productividad.

Negocio atractivo, si es que el precio fuese bueno. Pero el precio es bajo, ya que en los mismos años en que cayó la producción ecuatoriana surgió la de países nuevos en el negocio del cultivo del camarón, en particular Vietnam, India y Brasil. Son precisamente esos tres, y los dos grandes exportadores tradicionales, Tailandia y China, los demandados junto al Ecuador.

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En cuanto a los pescadores americanos, su actividad no tiene futuro, porque la pesca no puede competir, por costos, con el cultivo. Si se condena a estos países camaroneros y se quiebra su industria, serán reemplazados por otros. La flota americana solo abastece el 12% del mercado estadounidense. Los bajos precios han permitido que más y más norteamericanos consuman camarón.

Pero los demandantes tienen poco que perder. A los camaroneros mexicanos los amenazaron con incluirlos en la demanda, a no ser que estuvieran dispuestos a contribuir al fondo para pagar los costos legales. Los mexicanos aceptaron. La misma propuesta les hicieron a los ecuatorianos, que declinaron. Hoy la acuicultura nacional, endeudada y con cinco años de actividad deprimida, enfrenta gastos legales de millón y medio de dólares anuales, por dos años.

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En febrero 17, la Comisión de Comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés), un ente autónomo del sector público, determinó que los armadores camaroneros estadounidenses habían sufrido pérdidas por el colapso de los precios; esa decisión mandó al proceso al Departamento del Comercio, que para junio 8, y luego de la inspección a las exportadoras ecuatorianas, determinaría de manera provisional si hay dumping. Si la decisión es afirmativa, comenzaría a aplicarse el arancel; los valores pagados se devolverán si la decisión definitiva es que no hay dumping; de lo contrario, ese dinero se pierde. La decisión definitiva corresponde al ITC, y se tomaría en el 2005.

Para los camaroneros ecuatorianos, una sanción de este tipo sería una estocada mortal. Lo que se vislumbra como la posible mejor estrategia de supervivencia sería trasladar sus oficinas comerciales al Perú y exportar el camarón nacional como peruano. Los que han realizado inversiones en otros países, podrían trasladar todas sus operaciones allá. Si bien Brasil –donde algunos han invertido– es otro de los encausados, no así Honduras donde también hay inversiones ecuatorianas. Otra alternativa sería abrir nuevos frentes, por ejemplo Nicaragua. Probablemente Managua estaría dispuesta a atraer a los empresarios camaroneros otorgándoles ventajas tributarias y crediticias.

Esta situación concierne a todos los ecuatorianos. La desaparición o reducción del tamaño de la ya deprimida actividad camaronera empobrecería a todos; la pérdida de empleos, los créditos que no podrán pagarse, la merma de divisas que ingresan al país. El perjuicio a la economía nacional sería mayor a los beneficios que aspiramos conseguir a través del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. De ahí que amerite que el gobierno ecuatoriano utilice todas sus herramientas diplomáticas, capacidad del lobby, y contribuya económicamente a la defensa de esta importante industria nacional.

 

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