La Coalición Acceso a la Información, agrupación integrada por siete ONG vinculadas a los Derechos Humanos y Ciudadanos, la democracia y la lucha anticorrupción, presentó varias observaciones al informe para segundo debate de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, elaborado por la Comisión de Gestión Pública del Congreso Nacional.

Además del ámbito de aplicación de la ley (es decir, a qué entidades públicas debe incluirse en la legislación), Christian Bahamonde, subdirector de CLD, explica que la Coalición no está de acuerdo con la eliminación del artículo 14 del proyecto, el cual se refiere a la información “reservada y confidencial”. Ese punto lo aprobaron los legisladores en el  primer debate.

El artículo original detalla 16 excepciones al derecho a la información, clasificados en cinco grandes temas: información comercial o financiera (sigilo bancario o propiedad intelectual), información del ámbito internacional (negociaciones diplomáticas o comerciales), información que afecte la seguridad personal o familiar (protección en investigación de delitos).

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También se exceptúa la información relacionada con la potestad de control del Estado y la administración de justicia (planes de inteligencia para combatir la delincuencia) y la información sobre seguridad y defensa nacional (desarrollo técnico o gastos reservados).  El texto de la ley planteado para el segundo debate desechó ese artículo y, en su lugar, consta otro de siete incisos con “conceptos generales sobre seguridad nacional, secretos, información gubernamental, riesgos personales, y otros”, asegura Bahamonde.

“La legislación sobre acceso a la información debe contener un artículo donde expresamente se definan las excepciones, para que no quede alguna posibilidad de interpretación. Tal como está planteado el artículo, la facultad para calificar la reserva de la información recae sobre la institución, que podría negar la entrega de información simplemente alegando cualquiera de los casos. Así es mejor no aprobar nada”, expresa Bahamonde.

Por ejemplo, si la ciudadanía quiere conocer el presupuesto usado para pintar los cuarteles, las Fuerzas Armadas pueden alegar que esa información es de “seguridad nacional”. Si se aplica el inciso ‘e’, agrega Bahamonde, cualquier documento oficial puede tener la calidad de “gubernamental”.

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El vocero de la Coalición señala que el espíritu de la Ley de Transparencia original es aglutinar otras disposiciones legales (vigentes desde las dictaduras militares) que restringen el acceso a la información en diferentes temas; pero el artículo 14 dispone la aplicación de esa normativa “desactualizada”, precisa.

El vocero y subdirector de CLD señala que el inciso ‘g’ de la disposición modificada, que se refiere a la reserva de los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o jurisdiccional respectiva, es inconstitucional. La Carta Magna del Estado indica que todos los procesos legales son públicos.

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Coalición
Sociedad civil
La Coalición Acceso a la Información está conformada por la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), capítulo en Ecuador de Transparencia Internacional; la Fundación Esquel; la Corporación Participación Ciudadana (PC), el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA), la Clínica de los Derechos Humanos de la Universidad Católica de Quito, la Fundación Futuro Latinoamericano y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis).

Proyecto original
La Coalición se formó el año pasado. Sus integrantes participaron en la redacción del proyecto original de la Ley presentado en el Congreso. El texto integró las propuestas de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), el ex diputado Juan José Pons, el ex presidente Gustavo Noboa, entre otros.