El Congreso pone límites a informes reservados

Bloques legislativos proponen que sea el Cosena el que califique la información.

Las fuerzas políticas del Congreso Nacional advirtieron que durante el trámite de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pondrán límites a lo que será considerado como información reservada o secreta. También anunciaron que deben ser el Presidente de la República o el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) los únicos autorizados para calificar la información reservada.

Las críticas se centran en las observaciones que planteó el Ministerio de Defensa al proyecto, donde reclama que se mantenga en las Fuerzas Armadas la atribución para calificar la reserva de la información castrense. Los socialcristianos, según el diputado Xavier Sandoval, son partidarios de que continúe bajo reserva la adquisición de armas, las estrategias de defensa nacional, los cuerpos de inteligencia, los gastos en investigación de casos de narcotráfico, terrorismo y seguridad pública.

Todo lo demás que se refiera a contratación pública, que no tiene un régimen especial, debe ser público. La ley, en opinión de Sandoval, debe definir quién califica la reserva y aclaró que ningún organismo del Estado podrá levantar la reserva. Para la Democracia Popular, a criterio del diputado Ramiro Rivera, la reserva debe aplicarse única y exclusivamente a temas de inteligencia y estrategia militar y lo debe definir el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez.

Además, plantea que los asuntos que sean declarados como reservados deben ser conocidos por el Congreso Nacional en sesión reservada, y  la mayoría absoluta de sus integrantes (51 votos) puede levantar la reserva. No es posible, dijo, que muchas cosas, en materia de Fuerzas Armadas, que en el Ecuador es reservado está difundido, publicado y escrito, en una infinidad de revistas internacionales.

Antonio Posso de Pachakutik sostuvo que lo único que debe considerarse como reservado es la información que tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional; “lo demás debe conocerse”, agregó. No se puede dejar, indicó, que las Fuerzas Armadas sean las que califiquen lo que es reservado o no del área militar. “Esa potestad debe tenerla el Cosena, que involucra a los representantes de las principales funciones del Estado”, dijo, e insistió en que hay que poner límites a la reserva.

“Pachakutik no está de acuerdo que se ponga reserva a todo, porque esa es la vía para encubrir actos de corrupción”, añadió. Si se pretende determinar que todo es reservado, no hay razón para tramitar una ley sobre, precisamente, el acceso a la información del sector público, subrayó Posso.

El socialdemócrata Wilfrido Lucero comentó que la reserva debe respetarse en aspectos que tienen que ver con la seguridad territorial y personal de los ciudadanos. Dijo que no es necesario que se mantenga bajo reserva la adquisición de armas.

La ID, informó, planteará que se precise en la ley qué clase de documentos deben ser reservados, “porque si se deja en manos de las FF.AA. esa atribución, serán las presiones las que definirán la reserva; además, si dejamos abierta esa decisión todo lo que sea relacionado con los militares será considerado información secreta”, agregó.

El roldosista Ernesto Valle comentó que la ley debe garantizar la privacidad de las personas y, en cuanto al aspecto militar, toda la información que se refiere a la seguridad nacional.  Dijo que es partidario de que las FF.AA. mantengan la atribución para clasificar la información, pero que esta debe conocerla el Cosena.

El sector gubernamental coincide con Valle: la institución militar debe calificar la reserva de su información.  El legislador Renán Borbúa comentó que la reserva debe mantenerse en lo que sea renovación de armamento, repotenciación de la logística, seguridad nacional, control y relaciones militares entre los países fronterizos.