Los taxistas de la provincia, agrupados en dos organizaciones, instauraron ayer un Recurso de Amparo Constitucional contra la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG). 

Ellos exigen que la CTG no les retire las licencias si cometen infracciones; que no sea obligatorio el uso del taxímetro de última tecnología; que salgan de circulación los denominados taxi-amigo (autos del año, de colores,  que dan servicio puerta a puerta); y que “no se pongan trabas” en los trámites de reposición de vehículos (cambios de carros viejos por nuevos, con las mismas placas de alquiler).

La acción legal recayó ayer, por sorteo, en el Juzgado 29º de lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. Su titular, Leonidas Prieto, debe establecer, primero, según la ley, si admite o no al trámite la demanda. Luego, tendrá que convocar –máximo, en 48 horas– a la llamada audiencia pública, como lo establece el artículo 95 de la Constitución, para que las partes esgriman sus argumentos.  

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El Recurso de Amparo lo plantean Franklin Vallejo Bustos, presidente de la Unión de Taxistas del Guayas; y Cecilia Torres Medina, gerenta de la Unión de Cooperativas de Transportes.  Ellos piden que sean citados los dos máximos funcionarios civiles de la CTG: Eustorgio Mendoza Cubillo, presidente del directorio; y Roberto Pólit Robinson, director ejecutivo.

Este último ha confirmado que su entidad cumple a cabalidad las normas de tránsito. “Lo que pasa es que aquí han estado acostumbrados al desorden. Estamos organizando esta provincia, en materia de transporte con el aval del Consejo Nacional de Tránsito (CNT)”.

El uso del taxímetro, por ejemplo, es obligatorio desde el pasado 2 de enero, por disposición del CNT. Pero más de la mitad de los taxistas aún no lo usan porque dicen que el usuario “está acostumbrado a negociar las carreras”. Los dirigentes nacionales del gremio amenazaron con hacer un paro en las 22 provincias del país si no se cumplen sus pedidos.

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