Sectores sociales dicen que las intenciones de las Fuerzas Armadas no son claras en caso Haro

La actitud de las Fuerzas Armadas no es transparente al no esclarecer debidamente los hechos sobre la explosión de la Brigada Blindada Galápagos, ocurrida el 20 de noviembre del 2002, y el faltante de armas de las bodegas militares, opina César Cárdenas, director nacional del liceo Líderes del Nuevo Milenio.

Cárdenas asegura que el pedido de levantar la inmunidad parlamentaria al diputado Guillermo Haro (ID), por parte de la Corte Suprema de Justicia, para que enfrente una demanda iniciada por las FF.AA. por supuestas injurias calumniosas, es un atentado contra los valores fundamentales de la democracia y la libertad de expresión.

Agrega que la inmunidad protege a los legisladores en su labor de fiscalización.

“Me parece que el diputado León Febres-Cordero (PSC) abrió la brecha cuando enjuició al articulista de diario El Comercio, Rodrigo Fierro. Eso están tratando de hacer con la gente que denuncia”, indica.

Pedro Zambrano, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa y director de El Diario de Manabí, dice que el levantamiento de la inmunidad es una decisión difícil y “los ciudadanos pueden sentir que si denuncian algún hecho, las FF.AA. tomarán represalias en su contra”.

Ana Lucía Córdova, directora adjunta de la Organización Auditoría Democrática Andina, indica que no es posible que el Congreso retire la inmunidad a los legisladores que cumplen sus funciones sin miedo a represalias.

Sostiene que el caso de Haro depende de las negociaciones políticas en el Parlamento. “¿Por qué no se habla de levantar la inmunidad al diputado Febres-Cordero, que dice cosas duras?”, cuestiona.

Vicente Burneo, miembro de la Comisión de Transparencia, dice que el problema de Haro se complicó con la denuncia del periodista colombiano Gonzalo Guillén, que acusó a Ecuador de traficar armas del Ejército con las FARC. Burneo considera que la Comisión de Fiscalización del Congreso nunca elaboró un informe definitivo sobre las denuncias de Haro, “situación que lo salvaba si se pronunciaba como miembro de la Comisión, que pudo aceptar algunas denuncias, desechar otras, emitir un informe final y se acababa el problema”.

Burneo agrega que las investigaciones de la Comisión de Transparencia sobre la pérdida de armas en las bodegas militares serán, en caso de que la justicia las solicite, una prueba a favor de Haro.