Lunes 26 de enero del 2004 Política

Los Casos

Larrea se disculpó con las FF.AA.
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El 11 de octubre de 1995, nueve meses después de la Guerra del Cenepa con Perú, el roldosista Fernando Larrea dio declaraciones en una radio de Portoviejo. Señaló que los militares se enriquecieron en el conflicto y que el entonces general Paco Moncayo, actual alcalde de Quito, era un héroe de papel. Larrea, que antes de ser roldosista era socialdemócrata, enfrentó sendos procesos penales en la justicia común y en la militar, iniciados por las Fuerzas Armadas por haber ofendido a la institución. El Congreso nunca le levantó la inmunidad parlamentaria; el legislador presentó disculpas públicamente, el 25 de octubre de ese mismo año. El proceso penal en la justicia ordinaria se archivó por prescripción de la causa y falta de definición de competencia. No obstante, el caso se mantiene en la justicia militar, en la I Zona de Quito, por el delito de atentado contra la seguridad del Estado, cuya infracción se sanciona con una pena de reclusión. Larrea fue subsecretario del Ministerio de Gobierno del régimen de Lucio Gutiérrez.

Verduga y el caso ‘Garita 3’
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Una denuncia realizada en junio de 1997 acusó al entonces diputado socialcristiano Franklin Verduga Véliz (periodo 1996-1998) de encabezar una red de cobro de coimas en la garita 3 de la terminal terrestre de Guayaquil. Por estas irregularidades, el legislador, que era hermano del entonces ministro de Gobierno, César Verduga, renunció a la diputación el 7 de octubre de 1997, e impidió su posible descalificación, que se estudiaba en la Comisión de Fiscalización del Congreso por “abuso de poder político”. Según el informe de esta Comisión, Verduga supuestamente se aprovechó de sus funciones y del parentesco con su hermano para ejercer control sobre la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), y beneficiarse del cobro de coimas a los transportistas y usuarios de la terminal. Verduga fue convocado a juicio plenario por el delito de concusión, pero apeló y el juicio regresó a la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que hasta el momento no dicta una resolución.

El disparo de Otto Arosemena Gómez
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Tras el retorno a la democracia en 1979, el Congreso levantó la inmunidad al ex presidente de la República y entonces diputado por la Coalición Institucionalista Demócrata (CID), Otto Arosemena Gómez, el 30 de septiembre de 1980. El motivo: haber disparado y herido en la pierna al diputado conservador Pablo Dávalos Dillon, en medio de un cruce de palabras durante el debate del proyecto de Ley de la Jubilación de la Mujer a los 25 años de servicio, elaborado por el ex presidente. En la gresca, Arosemena, que portaba un arma que le había regalado el presidente estadounidense Lyndon Johnson, también hirió al diputado lojano Pío Oswaldo Cueva, quien intentó calmar los ánimos de los legisladores. Por ser un delito flagrante, el ex mandatario recibió la sentencia de un mes de prisión, que cumplió en la penitenciaría del Litoral. Arosemena fue Jefe de Estado interino entre el 16 de noviembre de 1966 y el 25 de mayo de 1967; y Presidente constitucional desde esa última fecha hasta el 31 de agosto de 1968. Falleció el 20 de abril de 1984, víctima de una insuficiencia cardiaca, a la edad de 62 años.

Rosero criticó compra de armas
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A principios de junio del 2001, el entonces diputado roldosista Fernando Rosero usó el calificativo de “chatarreros del Cenepa”, relacionado con las denuncias sobre la compra de armas a Argentina, que iban a utilizarse en el conflicto con el Perú en 1995. El 13 de junio, Rosero insistió en sus declaraciones en el informativo de Gamavisión. El general (r) José Gallardo, ministro de Defensa durante la guerra, consideró que Rosero generalizó esa acusación a todas las personas que participaron en el conflicto y le planteó un juicio al legislador por el delito de ofensa al honor nacional. La CSJ inició el trámite y se pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria al Congreso. Sin embargo, los legisladores nunca se pronunciaron al respecto, pero el levantamiento de la inmunidad entró en vigencia en febrero del 2002, al cumplirse el plazo legal de 30 días hábiles para resolver el pedido. El caso no prosperó. La Corte Suprema, a finales del 2002, declaró la causa en abandono y la archivó.

El juicio contra Elsa Bucaram
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Un remate de vehículos de la Alcaldía de Guayaquil, considerados chatarra, realizado en 1990, originó una acusación penal contra la roldosista Elsa Bucaram, titular del Municipio entre 1988 y 1991, porque supuestamente los carros estaban en buen estado.  Con base en un informe de Contraloría, el juez Tercero de lo Penal de Guayas, Tito Pico, dictó orden de prisión preventiva el 13 de agosto de 1993, cuando Bucaram ya era diputada para el período 1992-1994. Cinco días después, la ex alcaldesa fugó a Panamá. Pico se inhibió de conocer la causa porque el hermano de Elsa, Abdalá Bucaram, lo enjuició, y el caso recayó en la Corte Suprema, que pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. El 26 de noviembre de 1993, el Parlamento aprobó la solicitud. Elsa demandó ante el Tribunal de Garantías Constitucionales la ilegalidad de los artículos del reglamento del Congreso, por los cuales se le quitó la inmunidad; y en abril de 1995, el TGC le dio la razón. En julio de 1995 se cerró el sumario y el 29 de agosto de 1996, la Segunda Sala de la CSJ sobreseyó definitivamente a los sindicados. Para esto, Abdalá Bucaram ya se había posesionado como presidente de la República el 10 de agosto de ese año, y Elsa había regresado al país dos días antes.

J. León, acusado de asesinato
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El 26 de junio de 1999, el diputado roldosista Junior León fue acusado de asesinar al manabita Eduardo Reina, en un restaurante del norte de Quito. Seis días después, el 1 de julio, el Parlamento le levantó la inmunidad parlamentaria y acto seguido, la CSJ le inicia un proceso penal por delito flagrante. León se entregó a la justicia el 3 de enero del 2000 y luego de cuatro días en la cárcel cumplió arresto domiciliario por su calidad de diputado. El 19 de enero del 2001, tras permanecer detenido un año sin sentencia, fue liberado y se reintegró al Legislativo, el 26 de enero de ese mismo año. Terminó el período de funciones en diciembre del 2002. El proceso legal no se detuvo y la CSJ lo sentenció a seis años de reclusión menor. Actualmente, León tramita un recurso de casación (revisión) a la sentencia, que ha permanecido sin resolverse por siete meses  en la Segunda Sala de lo Penal, de la CSJ. El 19 de junio del 2003, la Fiscalía ratificó el dictamen acusatorio en contra del parlamentario.

17 diputados en la Red Peñaranda
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El 16 de abril de 1997, el Congreso Nacional descalifica, levanta la inmunidad parlamentaria y da paso al enjuiciamiento penal de trece diputados, implicados en la red de corrupción liderada por Luis Peñaranda, que operó durante el gobierno de Abdalá Bucaram (agosto de 1996 a febrero de 1997). Ellos son: Santiago Bucaram, José Avilés, Ermel Campana, Milton Fabara, Homero Fuertes, Carlos Medina, Mario Meza, Germán Pozo, Andrés Romo, Marcelo Saltos, Eduardo Véliz, Carlos Vidal y Héctor Villamil. La resolución del Parlamento se amplió el 7 de mayo de 1997, cuando se descalifica a cuatro diputados más: Homero López, Humberto Delgado, Patricio Almeida y Leonidas Plaza Sommers. El 20 de abril de 1997, la CSJ inicia el enjuiciamiento penal de los legisladores por el delito de peculado. El 16 de abril del 2002, la Primera Sala de lo Penal de la CSJ emite sentencia condenatoria en contra de seis diputados (Bucaram, Campana, Fabara, Fuertes, Meza y Saltos); el resto fue enjuiciado pese a que estaba prófugo. Tras las investigaciones, la CSJ libera de responsabilidades a los diputados Pozo, Saud, Romo, Villamil y Avilés. Ellos fueron sobreseídos.

Injurias por caso de tragamonedas
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El 28 de noviembre del 2001, en una entrevista en Teleamazonas, el entonces diputado roldosista Vicente Estrada acusó a sus homólogos socialcristianos Xavier Neira y Oswaldo Rossi de utilizar sus influencias políticas en la Función Judicial para salvar a los implicados en el caso de los tragamonedas. Según la denuncia de Estrada, Neira envió un oficio al Procurador, en abril del 2001, en el que solicita apoyo a la empresa Celecsa donde Rossi, presuntamente, tenía intereses. Neira inició un juicio penal por injurias ante la CSJ y se pidió levantar la inmunidad al diputado acusador. El 19 de febrero del 2002, el Congreso votó y negó el pedido para despojarlo de la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, el trámite penal por injurias calumniosas siguió y Estrada fue sentenciado por la CSJ a seis meses de prisión el 8 de mayo del 2003; dictamen que apeló bajo el argumento que no se tomó en cuenta que el Congreso no dio la autorización para juzgarlo.

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