16 de cada 100 dólares no se pagan al Estado, según la Superintendencia de Bancos

La crisis bancaria de 1998 y 1999 reveló lo que analistas y las propias autoridades han calificado, desde entonces, como una característica del país: “la cultura del no pago”. Las entidades financieras del sector público, como la Corporación Financiera Nacional (CFN), el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas  (IECE) vieron, en diferentes niveles, cómo sus carteras empezaron a deteriorarse, debido a préstamos vinculados y deudores fantasma, por ejemplo. El saldo fue la quiebra de 22 de los 44 bancos privados.

La CFN también estuvo al borde de la bancarrota y el resto de entidades públicas ha tenido problemas para cobrar sus  carteras.  “La cultura del no pago se impone”, lamentaba Pedro Kohn, mientras fue presidente de la CFN, en el 2001. El índice de morosidad en la banca pública alcanzó, hasta noviembre pasado, el 16,18%, según la Superintendencia de Bancos (SB). Los casos son diferentes: el BEV registra una tasa del 24,06%; el BNF, del 12,98%; el IECE, el 15,95; y la CFN, del 43,66%.

Pero el problema de las deudas con pocas posibilidades de cobro se ahonda en los bancos privados que, tras su cierre, pasaron a manos del Estado: las 16 entidades financieras de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) y Filanbanco.

Buen negocio
En las listas de los bancos –abiertos y cerrados, privados y públicos– siguen apareciendo los nombres de nuevos y viejos deudores. Para la recuperación, ante el fracaso de los cobradores oficiales, el Estado recurrió a firmas especializadas, para las cuales más que un dolor de cabeza, cobrar es una actividad rentable.

El abogado de coactivas de la AGD, Bolívar González, recibió el año pasado 4 millones de dólares por honorarios. Las firmas Thesis Antares y Gómez Giraldo & Asociados recibieron la  cartera de Filanbanco. “Es un buen negocio, si no lo fuera no estarían las empresas extranjeras. Para que lo hagan debe ser una actividad rentable”, dice Santiago Cuesta, representante legal de Thesis Antares en Ecuador.

Aunque dice no conocer cuánto ha facturado la firma mexicana (Thesis), estima que por honorarios ha recibido entre 1,5 y 2 millones de dólares. Tanto la gerenta de la AGD, Wilma Salgado, como Cuesta, advierten que en el país el costo de la cobranza es asumido por los deudores. “Al Estado no le cuesta ni un centavo”, dicen. El representante de los acreedores de Filanbanco, Óscar Ayerve, destaca la gestión de las firmas: “Su gestión ha sido  opuesta a la de los administradores temporales de Filanbanco, que han puesto todas los obstáculos posibles”.

Salgado defiende la gestión de cobro de González, y  advierte excesos en las comisiones que querían cobrar las empresas extranjeras.  Cuesta, sin embargo, argumenta que los costos operativos son elevados y que son comunes en el sector privado. Por ejemplo: “(Los bancos del) Pacífico, Bolivariano, Amazonas, (y las empresas) BellSouth y Porta pagan entre el 35% y 40% por la recuperación de cartera considerada perdida”.