La posible duplicidad de acciones y las dudas respecto a que el Gobierno se evalúe a sí mismo, son los cuestionamientos que recibió la creación de la Unidad Anticorrupción de la Presidencia de la República.
“Todo lo que esté en contra de la corrupción es bueno, pero crear muchas instancias, el burocratizar esta lucha, indudablemente la entorpece”, opina el constitucionalista Carlos Estarellas Merino.
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Otro constitucionalista, Luis Antonio Arzube, indica que tal como está concebida será una unidad auxiliar que no puede invadir las funciones de la Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción (CCCC), sino que dependerá de ella. “La veo como una unidad dependiente que trabajará para evitar que los escándalos de corrupción lleguen a ser de dominio público y puedan ser controlados casa adentro”, agrega.
El decreto de creación de la Unidad Anticorrupción señala que el mecanismo previsto para el tratamiento de los casos denunciados se sintetiza en cuatro pasos: calificación, investigación, orientación y entrega de la denuncia procesada a la CCCC o a los juzgados de la República.
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Pero qué pasa si una denuncia que llega a esa unidad, llega también por otra vía a la CCCC o la Contraloría y resulta que hay visiones diferentes sobre la misma, cuestiona Valeria Merino, de Transparencia Internacional, quien también señala que según la ley, la Presidencia de la República no tiene facultad para hacer valoraciones previas en estos casos y, por tanto, tendría que haber una reforma legal, “sobre todo, para evitar que hayan cruces de funciones”.
“No puede darse eso”, asevera Alejandro Nájera, asesor presidencial designado como coordinador de la Unidad. “Queremos ser un elemento de apoyo, de coordinación, porque hay denuncias que no llegan a la CCCC y nosotros las remitiremos. Además actuaremos de forma muy transparente en la calificación de las denuncias”, precisa Nájera, con experiencia en áreas de capacitación y entrenamiento en liderazgo y desarrollo.
A más de pedir que haya la coordinación necesaria para evitar duplicidad de acciones, la CCCC señala en un comunicado que si bien la experiencia demuestra que no es lo mejor que ninguna función del Estado se evalúe a sí misma, esto no descarta que se tomen acciones de carácter administrativo y preventivo.
Según el analista político, Felipe Burbano de Lara, uno de los problemas que va tener esta unidad está relacionada con su credibilidad y legitimidad, “porque en este país de las sospechas nadie va a creer que va a estar obligada a actuar con transparencia y que más bien puede convertirse en un espacio de ocultamiento o protección del Ejecutivo, a no ser que el presidente Lucio Gutiérrez dé muestras claras de actuar contra la corrupción y cuando encuentre casos confirmados, los traslade a la Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción”.
Las funciones
Supervisión
La Unidad Anticorrupción, que depende de la Presidencia de la República será supervisada directamente por el Primer Mandatario.
Apoyar a la CCCC
Según el decreto de creación, la Unidad tiene como propósito fundamental apoyar y fortalecer la labor
que realiza la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, CCCC a cuya consideración pondrá las denuncias comprobadas de ilícitos en el sector público.
Sanciones
Un equipo de especialistas seguirá el proceso de investigación. Cuando se comprueben irregularidades y existan suficientes elementos de juicio, el Presidente de la República podrá ejercer acciones directas para sancionar administrativamente a los culpables, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales que se desprendan, señala el decreto.