Una orden judicial de retener los fondos que existan en las instituciones bancarias de las personas que mantengan obligaciones pendientes con el BMU comenzó a ejecutarse. Una de ellas se dio en el Banco del Pacífico donde se retuvieron las inversiones de 30 clientes, que suman más de 150.000 dólares.

En la lista constan: Josefa Duchi, Clemente Morocho, Cooperativa Hyundai, Inveauto, Ángel Melger, Blanca Aguirre, Chalén Rooselvet, Hilda Meneses, entre otros.

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La orden significa que las inversiones que mantengan esos clientes en el Banco del Pacífico serán retenidas hasta segunda orden. Hay clientes a los que se les debía retener 4.000 dólares pero solo tenían en su cuenta 2.000.

La mayoría de los afectados rechaza las medidas porque, según dice, no debe nada al BMU. Un afectado que prefirió no revelar su nombre, explicó que nunca mantuvo deudas con el banco en liquidación. El tenía ahorrado en una cuenta del Banco del Pacífico, 2.723 dólares pero ya no puede disponer de esos fondos.

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“Solo fui garante de un crédito pero esa obligación ya fue cancelada. No es justo que mis ahorros estén incautados”, dijo el afectado. Además, denunció que nunca recibió una notificación del juicio.

Esa historia se repite en otras entidades bancarias ya que el BMU notificó a la Superintendencia de Bancos la lista de todos sus deudores.

Roberto González, vicepresidente del Banco del Pacífico, señaló que las órdenes de retención de fondos tienen respaldo jurídico y recomendó a los afectados justificar los pagos para poder recuperar las inversiones.

“Hay una normativa que permite retener los saldos. Si algún cliente tiene una deuda con un banco y si se detecta que esa persona tiene fondos en otra entidad se los puede retener”, explicó González.

Clara Pacheco, funcionaria de Coactiva del BMU, sostuvo que los juicios de coactivas no solo se realizan en las entidades bancarias sino que incluye notificaciones en la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) y del Registro Mercantil.

El objetivo, señala Pacheco, es embargar los bienes de los deudores con la finalidad de exigir la cancelación de las obligaciones. “Los afectados pueden venir y negociar la forma de pago. Caso contrario se rematarán los bienes”, añadió.