La bomba que mató a 35 personas e hirió a otras 168 en el club El Nogal (Bogotá) el pasado 7 de febrero marcó el inicio de una nueva etapa en el conflicto armado colombiano. Calificado por el gobierno como un acto terrorista y atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue el primer ataque urbano masivo contra civiles.
Presionadas en el campo por un ejército más fuerte, la guerrilla ha desplazado su actividad a las ciudades.
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“Es el comienzo, en firme, de la guerra urbana. Y es otro paso en la degradación del conflicto: la FARC ortodoxa, que tantas veces condenó el terrorismo, adopta el terrorismo; la FARC campesina, que no sabe luchar en la ciudad, destruye la ciudad”, explica Hernán Gómez Buendía, en su última columna para la revista colombiana Semana.
El atentado y el posterior pedido del presidente Álvaro Uribe de que los países de todo el hemisferio declaren a las FARC ‘grupo terrorista’ son una muestra, según varios analistas colombianos, de que una salida negociada al conflicto está más lejana, incluso, de lo que estuvo el 20 de febrero de 2002; cuando el ex presidente Andrés Pastrana suspendió tres años de diálogo con la principal guerrilla del país.
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Cuando Pastrana concluyó su gestión, el pasado mes de agosto, las principales críticas a su gobierno se centraron en su decisión de entregar la región del Caguán (42.000 Km²) a las FARC, a cambio de que se sienten a negociar. El ex mandatario defendió su intento de solucionar pacíficamente el conflicto armado y afirmó que su gobierno “dio todas las garantías para negociar, pero la guerrilla demostró que no tiene voluntad de diálogo”.
Pastrana no solo entregó a las FARC cinco municipios, para que los insurgentes se sientan seguros en una zona desmilitarizada en la que impusieron cárceles y su modelo de gobierno, sino que accedió a liberar a guerrilleros a cambio de rehenes.
La declaración de Pastrana fue el bastión de la campaña electoral que llevó a Uribe a la Presidencia de Colombia, con su “política dura” contra la guerrilla y su objetivo de “recuperar el control del Estado en todo el territorio del país”.
La guerrilla recibió a Uribe con una ola de atentados el día de su posesión (pasado 7 de agosto). El Mandatario respondió afirmando que ahora es el gobierno el que no negociará hasta que “los rebeldes den muestras reales de reconciliación, abandonen el terrorismo y acepten la mediación de las Naciones Unidas”.