Estados Unidos acentúa sus presiones para lograr algún tipo de inmunidad para sus soldados y civiles destacados en bases militares o que participen en ejercicios conjuntos en países de América Latina, y para lograr el compromiso de que sus hombres no serán denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI).

El tema pasó a un primer plano en los últimos días, luego que el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Marc Grossman, de visita en Bogotá, dijo que Washington esperaba que el gobierno firmara cuanto antes un acuerdo que evitaría que los ciudadanos estadounidenses sean eventualmente juzgados por la CPI.

Estados Unidos firmó el Tratado de Roma de 1998 que da origen a la CPI, pero no lo ha ratificado.

En el marco de las presiones, el secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, advirtió la semana pasada que su país podría cortar ayuda militar a las naciones que no suscriban un pacto bilateral, como el que hasta ahora solo firmaron Israel y Rumania.

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El asunto originó una fuerte controversia en Colombia, donde el presidente Álvaro Uribe necesita de la ayuda de la Casa Blanca para la lucha contra el narcotráfico y los grupos irregulares. En el marco del denominado Plan Colombia, Washington se comprometió a aportar 1.300 millones de dólares en ayuda económica y militar.

La ministra de Relaciones Exteriores colombiana, Carolina Barco, dijo el martes pasado que un equipo interdisciplinario está analizando el pedido y reiteró que su país "ha apoyado y apoyará la creación, la puesta en marcha y el funcionamiento de la CPI".

El ministro de Defensa de Argentina, Horacio Jaunarena, admitió este lunes que el reclamo está en estudio. "En este momento Argentina lo está discutiendo, no hay ninguna resolución tomada en concreto", dijo Jaunarena en declaraciones al canal 7 de televisión.

El diario bonaerense Clarín se ocupó del asunto el fin de semana y, citando fuentes de la Presidencia y la Cancillería, aseguró que el presidente Eduardo Duhalde está dispuesto a garantizar inmunidad diplomática a los marines.

Duhalde no cuenta con mucho tiempo para tomar la decisión porque militares argentinos y estadounidenses tienen previsto realizar maniobras en octubre en la provincia de Misiones, limítrofe con Paraguay y Brasil.

El tema también preocupa en Ecuador, Honduras y El Salvador donde funcionan bases o hay personal permanente de EEUU, pero aun no se han tomado decisiones con respecto al CPI.

En Ecuador, el acuerdo de cooperación que permite a EEUU el uso de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), señala que se concederá al personal estadounidense y a sus dependientes una condición jurídica equivalente a la que proporciona al personal administrativo y técnico de la embajada de EEUU, conforme a la Convención de Viena de 18 de abril de 1961.

De todos modos, aclara que el personal estadounidense no será inmune a la jurisdicción civil y administrativa por actos realizados fuera del desempeño de sus funciones y EEUU conferirá una especial consideración a cualquier solicitud de renuncia de inmunidad en los casos que Ecuador considere de especial importancia.

En la eventualidad de que Ecuador detuviera temporalmente a personal estadounidense o dependientes, deberá notificar inmediatamente a EEUU para coordinar su pronta entrega.