El mexicano Javier Suárez Medina, convicto por el asesinato de un policía, fue ejecutado a pesar de las protestas del gobierno de México que criticó la falta de asistencia legal que corresponde a los extranjeros según un tratado internacional.
Horas más tarde, un vocero de Fox dijo que el presidente mexicano había decidido cancelar su viaje del 26 de agosto a Texas, que incluía una visita al rancho de Bush en Crawford.
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Esta decisión es una señal inequívoca del rechazo de la ejecución, dijo el vocero de Fox, Rodolfo Elizondo.
Suárez pidió disculpas por el crimen, así como perdón a los familiares del policía asesinado, antes de ser ejecutado con una inyección letal, ayer en la noche. También agradeció al pueblo mexicano por su respaldo en el caso.
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Suárez Medina, nativo de Piedras Negras, Coahuila, fue sentenciado por la muerte a balazos, en 1988 del agente secreto antidrogas Lawrence Cadena. El acusado, que tenía 19 años en ese entonces, y un cómplice resultaron heridos. Un tercero fue muerto en un tiroteo.
La madre y un hijo del policía estuvieron entre los testigos de la ejecución.
Suárez es el quinto mexicano ejecutado en el estado de Texas desde que fue restablecida la pena de muerte en 1982. También han sido ejecutados un individuo dominicano y otro vietnamita.
Los abogados de Suárez pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos detener la ejecución mediante inyección letal, la 21ra en Texas en este año y la tercera en este mes. El máximo tribunal, sin emitir comentarios, rechazó la petición unos 90 minutos antes de la hora de la ejecución.
El gobernador de Texas Rick Perry quien tradicionalmente respalda los casos de ejecución hasta que son resueltos los recursos legales, le negó a Suárez una aplazamiento de 30 días, la única acción que el gobernador podía autorizar sin contar con la aprobación del consejo de libertad provisional para los reos.
He revisado toda la información que se me ha entregado, incluido el tema del tratado internacional. Mi equipo se ha reunido con funcionarios del gobierno de México para escuchar sus quejas sobre el caso, y he hablado con el presidente mexicano Vicente Fox sobre este caso, señaló Perry.
Fox había expresado su rechazo a la ejecución, añadiendo que Suárez habría evadido la pena capital si el gobierno mexicano le hubiese asistido legalmente.
En el pasado, México y otros países han apelado a la Convención de Viena para detener ejecuciones, pero sin éxito.
Actualmente hay 122 extranjeros, de 33 países, sentenciados a muerte en Estados Unidos. En Texas, la cifra supera los 28, incluyendo 18 mexicanos.