En medio de un intenso sol y junto a más de 50 madres de familia, Mariana permanecía atenta para impedir que los abogados de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) ingresen a la acería y ejecuten el embargo ordenado por el Gobierno, con el respaldo de 80 militares y más de 20 policías.
Ella estaba preocupada por lo que sucedería con su esposo, hijo y yerno, quienes trabajan en Adelca. A su lado estaban más de 100 familiares de los empleados que también temían el cierre de la planta.
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Mariana se negaba a entender las razones vertidas por Roberto Robayo, Ernesto Salcedo Ortega y Francisco García, representantes de la AGD, quienes repetían desde la calle que no quieren despedir a nadie, sino precautelar el cobro de una deuda de $ 37 millones que tienen los dueños de Adelca y la familia Avellán con el Banco del Progreso S.A.
Robayo explicaba insistentemente que el embargo solo implicará una transferencia de administración, para asegurar el pago de la deuda. Pero los pobladores no le creían.
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Hasta las 18h00 de ayer, los trabajadores de Adelca y sus familiares permanecían en tensión en las puertas de la planta, mientras un cerco militar evitaba el ingreso de vehículos y personas.
Según la AGD, la familia Avellán debe al Banco del Progreso $ 37 millones por una compra de acciones que hizo el Progreso al Banco Cofiec (de la familia Avellán).
El Estado dice que la transferencia de títulos nunca se concretó, pese a que el Banco del Progreso pagó por esta operación.