Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) quieren concretar medidas para combatir la inmigración ilegal como sanciones a países terceros o un mayor control de las fronteras en su próxima cita, el 21 y 22 de junio en Sevilla (sur de España).
Los mandatarios europeos, que declararon prioritaria la lucha contra este fenómeno tras el aumento de votos a partidos de ultraderecha en las recientes elecciones en Francia y Holanda, creen que "no es huyendo de los temas como se solucionan", según el actual presidente de la UE, José María Aznar.
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De la mano de su homólogo Tony Blair, Aznar lanzó en Londres hace escasamente un mes, tras las elecciones holandesas, su propuesta de "luchar de manera decisiva contra la inmigración clandestina" y contra las "mafias" que la organizan, y una semana después 28 ministros europeos de Interior daban en Roma el visto bueno a una serie de iniciativas para reforzar las fronteras exteriores de la UE.
Los líderes de la UE tratarán de fijar en la capital andaluza un calendario para poner en marcha estas iniciativas que incluyen el envío de funcionarios de enlace en los aeropuertos y en los países terceros y un sistema de intercambio de información sobre documentos falsos.
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A largo plazo, algunos proponen una policía que controle las fronteras exteriores de la UE, sobre todo pensando en que a partir de 2004 pasarán a formar parte de la UE 10 nuevos países, aunque por ahora los nórdicos se oponen a que un policía de otro país europeo vigile su frontera.
En su proyecto de lucha contra los ilegales, los Quince también quieren que los pases de origen o tránsito aumenten los controles fronterizos y firmen acuerdos con la UE para readmitir a sus ciudadanos que llegan a Europa sin papeles.
En caso contrario, Aznar y varios de sus colegas son partidarios de suspender los acuerdos de cooperación o comercio que puedan tener con estos países terceros, a lo que se opusieron el lunes: Francia y Suecia.
"Las políticas de sanciones no son muy útiles ni positivas" y además afectan generalmente a los países más desfavorecidos y no a los gobiernos, declaró el lunes el canciller francés, Dominique De Villepin, mientras un portavoz sueco subrayó la necesidad de utilizar "un lenguaje positivo" respecto a los países de origen de la inmigración ilegal.
Los partidarios de una acción "más concreta" frente a una "más abierta", en palabras del ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, tratarán de convencer a estos dos países de la necesidad de que no cooperar para detener la inmigración ilegal "debe tener consecuencias".
Aznar cuenta entre sus aliados a Dinamarca, país al que pasará el testigo de la presidencia a fin de mes, que no participa en la política judicial ni de asilo de la UE y donde el gobierno conservador tiene el apoyo parlamentario del Partido del Pueblo Danés (extrema derecha), y también a Austria, que en 2000 incluyó en el gobierno al partido del ultraderechista Jorg Haider.
La UE también pretende revisar la lista de países a los que exige visado de entrada, para lo cual pidió a la Comisión Europea una propuesta antes de diciembre de 2002.
Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, insiste en que para que la política contra la inmigración ilegal sea efectiva, hay que "mejorar las condiciones de una emigración legal, que necesitamos", con políticas una inmigración ordenada y de una política común de asilo.
De hecho, un reciente informe de la Comisión Europea indica que los efectos del envejecimiento de la población de la UE en los mercados laborales y en los sistemas de pensiones no se compensarían aunque se duplicara el número de inmigrantes que recibe la UE.
En el año 2000, la migración neta en la UE (inmigrantes menos emigrantes) fue de 680.000 personas, aunque se estima que unos 500.000 más entran anualmente de forma ilegal y que tres millones viven ilegalmente en la UE frente a 13 millones de legales.
Por su parte la organización de defensa de derechos humanos Amnistía Internacional ha lamentado "la duplicidad del enfoque de la UE, que dice que los verdaderos refugiados serán protegidos pero a la vez levanta todo tipo de obstáculos no sólo para acceder a la presentación de las demandas, sino incluso para acceder a Europa", por lo que pide a los Quince que respete las normas internacionales de asilo.