El gobierno peruano declaró en estado de emergencia el departamento sureño de Arequipa, donde 96 personas resultaron heridas tras violentos disturbios y saqueos cometidos en protesta por la privatización de dos empresas eléctricas.
 
   El presidente Alejandro Toledo dijo el domingo que las pérdidas materiales bordean los 350 millones de soles, unos 100 millones de dólares. Dijo que el gobierno continuará con su plan de fomentar las inversiones.
 
     Nada justifica la violencia contra los propios peruanos... El gobierno está decidido a cautelar la democracia bajo el imperio de la ley y defenderá con firmeza y energía el estado de derecho, declaró.
 
   Juan Manuel Guillén, alcalde de la ciudad de Arequipa, capital del departamento del mismo nombre, consideró   deplorable la decisión del gobierno de decretar la emergencia.
 
   El estado de emergencia supone que quedan suspendidos en Arequipa los derechos ciudadanos --como inviolabilidad de domicilio-- y que las fuerzas armadas asumen el control del orden interno.
 
   Arequipa es la segunda ciudad más importante del Perú, 750 kilómetros al sudeste de Lima.
 
   Los pobladores arequipeños reaccionaron violentamente al concretarse el viernes la venta de las empresas EGASA y EGESUR, adquiridas por la empresa belga Tractebel por 167,4 millones de dólares.