Tras varios meses de análisis y revisión de documentos, los miembros de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción determinaron responsabilidad penal y administrativa contra Patricio Dávila, gerente de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), porque fue él quien realizó gestiones para liberar los activos del Banco del Progreso.
Según el organismo cívico de control hay responsabilidades penales y administrativas de peculado bancario de parte de Dávila, por la suscripción del convenio de la AGD de febrero este año en favor del Banco del Progreso para liberar las deudas del fideicomiso creado por Aspiazu.
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Según la comisión anticorrupción no se consideró que la AGD recibió 500 millones de dólares del Ministerio de Economía para pagar a los depositantes del Progreso, en su lugar se entregaba a un agente pagador los valores correspondientes a la venta de las empresas eléctricas.
Ramiro Larrea, presidente de la Comisión Anticorrupción, expresó que esto representa un abuso de títulos de dinero público para pagarés girados a la orden del Banco del Progreso y que respaldaban los valores desembolsados de la AGD para pagar a los depositantes del banco.
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La comisión denuncia que se quiere aprovechar la concesión de la distribución de la energía eléctrica para así eliminar las deudas de Emelec con el Estado, perjudicando a los ecuatorianos, dijo Larrea. Mediante esa transacción, el Estado asumiría las deudas desde el año 95 hasta la fecha de la intervención estatal.
Ramiro Larrea determinó en el dictamen que ex banquero Fernando Aspiazu y Patricio Dávila son el ejemplo paradigmático y prototipo de la reingeniería financiera legal para burlar los intereses de la colectividad ecuatoriana.