WASHINGTON
Cuando el presidente venezolano, Hugo Chávez, perdió el poder la semana pasada, luego de una protesta masiva, el gobierno de George W. Bush afirmó que los venezolanos estaban ejerciendo su derecho legal a rebelarse.
Casi nadie en el continente coincidió con esa apreciación. Prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos consideraron inconstitucional la salida de Chávez, lo que les obligaba a manifestarse en contra.
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Después de una notable cadena de acontecimientos, Chávez regresó al poder apenas 36 horas después.
La conformidad de la Casa Blanca a la remoción de Chávez el viernes pareció en agudo contraste con la posición prodemocrática a la que se ha adherido Estados Unidos durante más de dos décadas.
Estados Unidos empleó la fuerza militar para restablecer la democracia en Granada en 1983, en Panamá en 1989 y en Haití en 1994. Impuso sanciones a Perú en 1992 cuando el presidente Alberto Fujimori se excedió en sus prerrogativas constitucionales. Empleó su influencia diplomática para asegurar desenlaces constitucionales en Guatemala en 1993 y Ecuador en el 2000, en momentos de crisis política en esas naciones.
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En septiembre pasado, el secretario de Estado, Colin Powell, viajó a Perú para la firma de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, que faculta a ese organismo a tomar toda medida que “considere adecuada, incluyendo la expulsión de la OEA, para enfrentar a la subversión de cualquier Estado miembro”.
Esas interrupciones ocurren más frecuentemente cuando fuerzas externas, por lo general los militares, derrocan a un Gobierno electo. En el caso de Venezuela, el régimen de Bush opina que la administración de Chávez era una amenaza a la democracia venezolana, que causó inquietud en Washington con su aproximación a Cuba, Irak y Libia. Las tribulaciones económicas de Chávez desgastaron su popularidad y el viernes el Departamento de Estado consideraba que este cayó por la voluntad popular.
Cuando se hizo evidente la rehabilitación de Chávez, Estados Unidos se sumó el sábado a sus colegas de la OEA para condenar “la alteración del orden constitucional en Venezuela”.