La justicia, el banquete que se quieren servir fuerzas políticas

Con la censura y destitución de Fausto Murillo, el pasado 29 de febrero, como vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), y la repentina renuncia de su suplente Elcy Celi, la Asamblea Nacional tiene vía libre para conformar una terna de la que saldrá el nuevo integrante de la Judicatura, organismo que ahora encamina el concurso de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Si bien los tres nombres de la terna deben ser aprobados “en consenso” por el pleno de la Asamblea Nacional y no deben tener vínculos o intereses partidistas, con el fin de garantizar independencia en la Función Judicial, es de esperarse que las personas en la lista sean propuestas por la mayoría legislativa consolidada por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y la bancada gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN), que juntaron sus votos -más unos independientes- para remover a Murillo.

Esa es la apreciación de Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), quien observó que una vez más se refleja que el poder político busca involucrarse en el manejo de la justicia, aunque sus voceros no lo quieran reconocer.

“No es un asunto nuevo, siempre ha pasado. Es la política intentando meterse por la ventana a secuestrar la justicia”, comentó.

Pleno de la Judicatura trabaja casi completo y se reúne con autoridades de la Corte Nacional para analizar próximo concurso para jueces

Juan Rivadeneira, consultor político y economista, añadió que el país está siendo testigo de “otro capítulo más de carambolas políticas que pueden determinar el destino de cómo se administrar la justicia”.

Precisó que para confirmar o desvirtuar que hay fuerzas que quieren apoderarse de la Función Judicial hay que ver cómo queda el Consejo de la Judicatura, cómo se conforman las mayorías y cómo se comportan. “Estamos viendo que estos juegos de última hora invitan a tener una percepción de que nuevamente la política está, de una u otra forma, influyendo sobre la justicia”, analizó.

El proceso de selección de la nueva autoridad del CJ estará en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que tiene entre sus integrantes a consejeros que durante la campaña electoral fueron promocionados por la Revolución Ciudadana, en redes sociales, como parte de la denominada “Liga Azul”; así como también otro que contó con el respaldo de Jaime Nebot, líder socialcristiano. Y otros vocales que en sus votaciones han inclinado la balanza dependiendo de las circunstancias.

Una vez que el Consejo de la Judicatura (que también iría a una renovación) consume el concurso de selección y designación de jueces nacionales, previsto para los próximo meses, y el pleno de la Corte Nacional de Justicia quede integrado con los 21 miembros que corresponden, se podrá elegir al presidente del máximo organismo de justicia del país.

Actualmente, la presidencia de la Corte está encargada al juez José Suing, que asumió temporalmente funciones luego de una disputa que enfrentó a los jueces Iván Saquicela (presidente saliente) y Daniella Camacho.

“Festejo” por la destitución de Murillo

Al finalizar el juicio político contra Fausto Murillo y Juan José Morillo, por incumplimiento de funciones (este último ya no ejercía por estar procesado en el caso Vocales), varios integrantes del correísmo y de la bancada socialcristiana reaccionaron como si hubieran conseguido una victoria anhelada.

Hubo aplausos, sonrisas, júbilo en el pleno. El “festejo” se consiguió gracias al respaldo de los votos de ADN, que horas antes había dicho que no respaldaría el juicio político contra el ahora exvocal, pero que luego “cayeron en cuenta” que los argumentos contra Murillo eran válidos y tenían sustento.

“Hoy el pueblo recupera la justicia (...) Hoy el país empieza a recuperar aires de libertad y aires de justicia”, dijo convencida Viviana Veloz (RC), quien presidió la sesión del 29 de febrero, en ausencia de Henry Kronfle (PSC). Y negó que su movimiento político busque “meterle mano a la justicia”.

La legisladora defendió la destitución de Murillo, no solo por incumplir sus funciones, sino que también lo acusó de ser afín a María Paula Romo, exministra de Gobierno y líder del movimiento Construye.

A criterio de Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional, la remoción de Fausto Murillo responde al afán de “deshacerse de una figura que resultaba antagónica e incómoda para esta nueva reinstitucionalización subjetiva, personal, del Consejo de la Judicatura”.

Para Ron resulta curioso que Construye haya tratado de sostener a Murillo en el Consejo, al punto que el movimiento político separó de sus filas al legislador alterno, Francisco Díaz, por votar a favor de la destitución. “¿Por qué trató Construye de sostener a Murillo? ¿Por que tal vez iban a hacer alguna coalición con Solanda Goyes? Es raro”, opinó.

El experto también consideró que es previsible que ADN, RC y el PSC hayan pactado la terna para el vocal de la Judicatura, a cambio de respaldos para nuevas leyes económicas que impulse el presidente Daniel Noboa.

“Construye vuelve a quedarse relegado de la coyuntura legislativa y que será decisiva en la justicia”, agregó Ron, recordando que el movimiento político de la lista 25 también fue apartado del reparto de las comisiones de la Asamblea Nacional al inicio del periodo legislativo.

La “jugada” tras el fracaso de las reformas al COIP

El juicio político a los exvocales de la Judicatura resultó una “jugada” legislativa que benefició al correísmo. La maniobra fue estratégica luego de fracasar en su intento por introducir polémicas reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que buscaban, entre otras cosas, añadir una quinta causal para la revisión de sentencias condenatorias ejecutoriadas y que se levante la reserva de investigaciones previas de la Fiscalía, cuando la Asamblea y otras entidades de control lo requieran.

Aquello causó controversia, dentro y fuera de los muros del Parlamento, especialmente porque el informe que salió de la Comisión de Justicia (presidida por la RC) obtuvo el voto positivo unánime de todos sus miembros, sin que previamente integrantes de otras bancadas alzaran su voz de alerta antes de que el documento sea aprobado en la mesa.

La RC negó que las reformas tenían dedicatoria o pretendían allanar el camino para revisar las sentencias de sus máximos líderes, como el expresidente Rafael Correa.

Si bien el proyecto de ley quedó congelado y se prevé su archivo, por falta de tratamiento, con la destitución de Fausto Murillo el manejo de la justicia sigue en el radar.

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El pacto legislativo ADN-RC-PSC sigue vivo

Antes de la interpelación de las exautoridades de la Judicatura, y tras la disputa por las reformas al COIP, se hablaba de que el pacto entre ADN, RC y el PSC estaba frágil, que podía quebrarse. Pero con los 102 votos que se consiguieron en el juicio político se evidenció que el acuerdo sigue vivo.

Desde la visión de Mauricio Alarcón, el problema con el pacto que reina en la Asamblea Nacional no es que exista un acuerdo como tal, que busque dar gobernabilidad al Ejecutivo, sino que los temas se manejen con “opacidad, sin transparencia”. Y que en el fondo exista un ambiente de querer manipular los hilos de la justicia a conveniencia.

“No hay que satanizar el pacto o acuerdo, hay que satanizar la opacidad”, comentó Alarcón.

El consultor Juan Rivadeneira agregó que la vigencia de la alianza legislativa estará determinada por la carrera electoral de 2025, donde cada fuerza política buscará llegar al sillón de Carondelet y conseguir el mayor número de escaños en la Asamblea. (I)