Íñigo Salvador renuncia como titular de la Procuraduría y dice que su gestión fue inédita y se enfocó en la lucha contra la corrupción

El procurador del Estado, Íñigo Salvador Crespo, presentó este miércoles, 9 de noviembre, su renuncia irrevocable al cargo debido a que su sucesor ya se encuentra legalmente elegido y está previsto que sea posesionado por la Asamblea Nacional en los próximos días.

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A través de una misiva, Salvador mencionó que su periodo de 4 años para el que fue designado se cumplió el pasado 31 de julio y que desde esa fecha está a la espera de ser legalmente reemplazado por un nuevo titular.

Subrayó que el pasado 20 de octubre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ya designó como nuevo procurador, para el periodo 2022-2026, al abogado Juan Carlos Larrea Valencia, a quien le deseo el mejor de los éxitos y ofreció su colaboración desinteresada en caso de necesitarla.

El ahora exprocurador agradeció el apoyo y confianza recibidos del presidente Guillermo Lasso y también el expresidente Lenin Moreno y al CPCSCS que lo designó en 2018. Además agradeció a todos quienes lo acompañaron al frente de la Procuraduría General del Estado (PGE) en estos años y a su esposa, hijos y nietos por el apoyo.

Sobre su gestión, Salvador destacó que durante este periodo ha concentrado sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción en el marco de la Ley y las atribuciones que se le asignan a la PGE.

“Me ha correspondido liderar la presentación de acusaciones particulares y contribuir a obtener sentencias condenatorias en los más importantes juicios contra funcionarios corruptos de gobiernos anteriores y gestionar la ejecución de dichas sentencias y la recuperación de activos dentro y fuera del país, tal como la ley lo obliga”, indicó.

Resaltó además que pese a las limitaciones que impone el ordenamiento jurídico vigente, su periodo ha sido inédito en relación al pasado “no tanto en términos cuantitativos sino en cuanto constituye una demostración de la voluntad del Estado de agotar toda acción lícita posible”.

“Quizás la labor más importante contra la corrupción ha sido la de reducir los resquicios que deja el ordenamiento jurídico y que los corruptos buscan aprovechar, eso se ha logrado a través de dictámenes vinculantes, asesoramientos legales e informes de control de legalidad oportunos, categóricos y siempre ajustados al derecho, sin consideraciones de conveniencia política que han facilitado la aplicación de la Ley por administración pública”, subrayó.

En cuanto a la defensa del Estado ante jueces nacionales e internacionales, mencionó que le ha correspondido plantear demandas en tribunales arbitrales y en cortes de jurisdicción extranjera, a fin de exigir el cumplimiento de las obligaciones a favor del Estado y también acciones de nulidad y otros recursos en grandes procesos arbitrales en los que Ecuador había sido condenado por incumplimiento de tratados internacionales en laudos dictados antes de sugestión o cuando apenas iniciaba.

“Esta experiencia dio cuenta de lo titánica que resulta la labor de defensa jurídica del Estado ecuatoriano cuando ciertas prácticas gubernamentales en tiempos pasados han socavado la seguridad jurídica. No obstante, en muchos procesos arbitrales se han obtenido laudos abiertamente favorables al Estado ecuatoriano o que han declarado sustanciosas reducciones de los montos inicialmente demandados”, apuntó.

El procurador indicó que está convencido de que su paso por la institución será recordado por el diseño y puesta en marcha del nuevo modelo de gestión llamado Procuraduría del futuro y que está en ejecución desde inicios de 2019, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Destacó que en este nuevo modelo de gestión, la PGE defenderá al Estado con un enfoque preventivo, a forma de precautelar el interés público bajo el principio de “menos litigios y mejor defendidos”. Otros mecanismos que contempla esta iniciativa son: el fortalecimiento de la mediación y la capacitación a través de la Escuela de Procuradores o los equipos jurídicos de la administración pública, constituidos en un cuerpo de procuradores.

“Este nuevo modelo de gestión ha sido reflejado en el proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado que se encuentra listo para ser presentado a la Asamblea Nacional y que además aspira a recuperar para la Procuraduría el control previo y la legalidad de los contratos e incorporar normativa para facilitar la recuperación de activos y la repetición”, manifestó y resaltó que esta iniciativa debe ser apoyada por todos los asambleístas “sin miramientos políticos y con el único fin de fortalecer la defensa del interés público y la tutela de los derechos de todos los ecuatorianos”. (I)