Procuraduría contrata estudio jurídico para recuperar en Estados Unidos bienes del excontralor Carlos Pólit; se analiza la posibilidad del ‘reparto’ internacional de activos

Paralelamente a la declaratoria de culpabilidad que un jurado de Estados Unidos definió hace una semana contra el excontralor Carlos Pólit, por seis cargos penales del Departamento de Justicia estadounidense, la Procuraduría General del Estado (PGE) impulsa acciones para recuperar bienes del exfuncionario público que dejó Ecuador en 2017.

Mediante un comunicado público, la Procuraduría informó que un estudio jurídico internacional especializado en recuperación de activos fue contratado por la institución para analizar los escenarios jurídicos e iniciar las acciones que permitan al Estado ecuatoriano recuperar los bienes que el excontralor general posee en Miami, Estados Unidos.

Personas, empresas y hechos señalados en el juicio contra Carlos Pólit en Miami fueron parte en 2017 del proceso penal por concusión en Ecuador

Se busca recuperar esos bienes para que se cumpla con la sentencia emitida contra Pólit en Ecuador dentro de un proceso penal por el delito de concusión relacionado con la trama de corrupción que la constructora brasileña Odebrecht implementó en el Ecuador para hacerse de contratos en obras públicas y el desvanecimiento de glosas en la Contraloría General del Estado (CGE).

En el caso por concusión se condenó al excontralor a seis años de cárcel y al pago de una reparación de $ 40,4 millones.

En este contexto, la PGE habría verificado que existe la opción de solicitar al Gobierno de Estados Unidos el reparto internacional de activos basado en la cooperación internacional, lo cual se contempla en la legislación norteamericana y en la Convención Interamericana sobre Asistencia Legal Mutua Penal, de la cual son parte Ecuador y Estados Unidos.

Al momento, la Procuraduría se encontraría coordinando acciones con las entidades pertinentes para que Ecuador pueda remitir oficialmente la solicitud de reparto internacional de activos. La instancia que representa judicialmente al Estado ecuatoriano afirma que “no cesará en sus acciones a fin de recuperar los recursos de los ecuatorianos de los casos de corrupción”. (I)