Más de 15.000 servidores públicos y miembros de la fuerza pública han sido capacitados en temas relacionados con la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) frente al reclutamiento por bandas delictivas, informó Paola Escobar, subsecretaria de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito y Violencia del Ministerio del Interior.
Mientras la Asamblea Nacional impulsa reformas legales para prevenir este fenómeno, el Ministerio desarrolla acciones que incluyen mesas de prevención en territorios vulnerables, protocolos para identificar casos y proyectos sociales dirigidos a menores.
Según Escobar, algunas medidas ya están en implementación y otras continúan en planificación, pues el trabajo institucional comienza antes de la aprobación de leyes, explica.
Publicidad
Una de las acciones es la conformación de mesas de prevención del reclutamiento a nivel local. El Ministerio ha instalado veintinueve: siete provinciales y veintidós cantonales, integradas por equipos técnicos que coordinan respuestas en territorios priorizados por sus índices de vulnerabilidad. La mayoría está en la Costa, aunque también hay cantones de la Sierra y la Amazonía.
Para establecer estos espacios, la cartera de Estado ha contado con el apoyo de organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y la cooperación alemana, a través de la GIZ.
La coordinación se desarrolla bajo la ayuda del Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes (COPRUUNNA).
Publicidad
Publicidad
Esta instancia conformó una mesa de asistencia técnica y cooperación internacional que pasó de 16 a 32 organizaciones participantes, con el objetivo de fortalecer la articulación y la toma de decisiones.
Protocolos para identificar casos
En agosto de 2026, los ministerios del Interior y de Educación emitieron el Protocolo RUUNNA, que establece mecanismos para identificar y abordar casos de reclutamiento, uso y utilización de menores en el sistema educativo.
El documento fue expedido mediante acuerdo interministerial el 7 de agosto y se encuentra en implementación progresiva.
Escobar indicó que se realizaron pruebas piloto en Esmeraldas, Santo Domingo, Quito, Guayaquil y Manta, con la participación de dieciocho instituciones educativas. En esos planteles también se desarrollaron jornadas de socialización con sus autoridades.
La funcionaria señaló que la normativa establece la obligatoriedad de contar con protocolos y rutas para identificar y abordar estos casos en el sistema educativo.
Como siguientes pasos, el Ministerio prevé elaborar un protocolo sanitario para detectar situaciones de reclutamiento en el sistema nacional de salud pública y otro que determine cómo deben actuar las instituciones cuando reciban o deriven estos casos.
Publicidad
Una ley con 62 artículos y reformas penales
El 2 de octubre de 2026 entró en vigencia oficialmente la Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma comprende 62 artículos y reforma 15 cuerpos legales en materia de seguridad, protección y justicia.
Entre los cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP) consta la tipificación específica de estas conductas, con penas de entre 22 y 26 años de prisión cuando se reclute, use o utilice a menores para integrar fuerzas armadas regulares o irregulares, grupos armados o participar en conflictos armados.
Escobar señaló que todavía no existen casos judicializados en el marco de este trabajo. No obstante, el Ministerio busca fortalecer las herramientas de investigación policial y fiscal para que los procesos puedan avanzar ante la Fiscalía y la Función Judicial.
Para coordinar estas acciones, dijo, se conformó una mesa de justicia integrada por el Ministerio del Interior, la Vicepresidencia de la República, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública.
“El aumento de las penas es un reconocimiento al daño a las víctimas de reclutamiento. Refleja el daño que las estructuras criminales están haciendo directamente en contra de los proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes”, sostuvo Escobar.
La subsecretaria también mencionó iniciativas legislativas para proteger a menores en entornos digitales. Añadió que la prevención debe abordar factores de riesgo asociados al reclutamiento, como la violencia digital, intrafamiliar, psicológica y sexual.
Proyectos sociales en sectores vulnerables
Entre las iniciativas del Ministerio constan también proyectos sociales, como Sembrando Oportunidades, que nació en junio de 2025 como un proyecto comunitario de la Policía en Durán, provincia de Guayas.
La propuesta busca ofrecer a niños y adolescentes espacios seguros para aprovechar su tiempo libre y participar en actividades formativas.
La primera etapa contó con 120 participantes. En una segunda fase, el proyecto se extendió a los sectores de Esteros y Nueva Prosperina, en Guayaquil, y llega a 482 niños y adolescentes.
Otra iniciativa son los Centros Cívicos por la Vida y la Paz, declarados proyecto emblemático por el Gobierno nacional. El plan contempla intervenciones en barrios vulnerables de diez cantones del país: Lago Agrio, Ibarra, Esmeraldas, Santo Domingo, Manta, Quevedo, Naranjal, Machala, Durán y Santa Elena.
El primer espacio funciona en el sector de La Pradera, en Manta, donde atiende diariamente a entre 60 y 80 niños, niñas y adolescentes. También ofrece talleres para sus padres durante los fines de semana.
La segunda fase contempla la construcción de infraestructura y su mantenimiento, con una inversión superior a 31 millones de dólares.
Ambas iniciativas forman parte de las acciones sociales impulsadas por el Gobierno para generar espacios de formación y convivencia en sectores vulnerables, con énfasis en niños, adolescentes y sus familias. (I)