Historias detrás de los casos que investigó la ex fiscal general Diana Salazar: estas son algunas revelaciones de su libro autobiográfico

A lo largo de las 240 páginas de su libro autobiográfico Diana, más allá de la fiscal, la ex fiscal general y actual embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, relata algunas de las situaciones poco conocidas de las investigaciones de alto impacto que llevó adelante en su carrera.

En una entrevista con este medio, la funcionaria cuenta que el texto se basó en sus notas personales y en testimonios de sus familiares y de los fiscales que colaboraron con ella.

EL UNIVERSO revisó el texto y a continuación presenta la reseña de cuatro de las causas incluidas en la publicación, presentada en Quito la semana pasada.

Caso Sobornos 2012-2016: “Si Pamela Martínez se embarcaba a México, otra sería la historia del país”

El caso Sobornos 2012-2016 estuvo a cargo, en principio, de la fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Ruth Amoroso. En este se investigó un entramado de cobro de coimas que iban a parar al extinto movimiento correísta Alianza PAIS (AP).

Según la ex fiscal general, los dos nombres que figuraban en la causa no tenían, aparentemente, mayor trascendencia, eran unas exfuncionarias de la Presidencia, Pamela Martínez y Laura Terán.

Pero Salazar dice que tuvo una corazonada y pidió que se interrogue a Martínez. No la hallaban. “Aparentemente, la mujer estaba fuera del país y estaba regresando. Lograron localizarla. Ella, al enterarse de lo que ocurría, compró enseguida otro pasaje, pero, para su mala suerte, no encontró un vuelo, lo que la obligó a regresar a su casa y preparar otra maleta con la intención de embarcarse esa misma noche a México”.

La mujer estaba en la sala de embarque del aeropuerto de Guayaquil. “Y tras varias llamadas y gestiones urgentes, Amoroso logró cumplir con los trámites necesarios para inmovilizarla. Porque si la señora lograba abordar ese avión, la historia del país podría haber sido otra. Finalmente, la detención se concretó y pudimos asegurar su comparecencia. Lo mismo con su compañera que fue localizada en Quito”.

Mientras se desarrollaba la investigación, Amoroso le dijo a Salazar que el abogado de una procesada quería hacer una cooperación eficaz. “Que tiene información que va desde los ministros, hasta la cúpula del partido, de todos quienes habrían intervenido. Si usted me autoriza, yo procedo”. Y así fue.

Más tarde llegó una segunda llamada de Amoroso, que para Salazar fue “decisiva”. Le decía que allanaría la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

- Es muy probable que podamos encontrar material sensible en las computadoras que utilizaban las procesadas.

- Pero doctora Amoroso, eso fue hace varios años, ¿cómo van a encontrar algo?

- Hablé con el perito y me dice que, generalmente, los equipos de los funcionarios son reseteados y la información no se elimina por completo, sino que se almacena en el disco duro.

Una semana más tarde, tras analizar las computadoras, Amoroso le informó: “Doctora, le tengo una buena noticia: encontramos los archivos originales”. Los “archivos verdes”.

Estos contenían, según el libro, “una sistematización perfecta: nombres de funcionarios, códigos compuestos por letras y números, nombres completos de ministros, e incluso de candidatos vinculados a un partido político. En la cúspide de aquel partido político se encontraba un expresidente de la República. También figuraban en los documentos los nombres de obras ejecutadas a nivel nacional, así como los nombres de los beneficiarios de dichos contratos y los representantes de grandes empresas involucradas”.

En 2020, Rafael Correa, Jorge Glas, algunos de sus exministros y exlegislasdores, así como contratistas fueron sentenciados a prisión por cohecho agravado.

Caso Odebrecht: “Rafael Correa le dijo a Carlos Baca que era una traición”

Diana Salazar era fiscal de la Unidad de Lucha contra la Corrupción cuando asumió, en 2017, la investigación del caso Odebrecht, que se derivó de las investigaciones que desarrolló el Departamento de Justicia de EE. UU. sobre el pago de sobornos de constructora del mismo nombre.

El fiscal general de entonces era Carlos Baca Mancheno, que antes había sido consejero del presidente Rafael Correa.

Ella relata cómo fue que le indicó a su jefe que había suficientes elementos para vincular al exvicepresidente Jorge Glas.

“Una costumbre del fiscal general era organizar reuniones periódicas para revisar el avance de los casos de connotación especial. Entre esos, por supuesto, estaba el caso Odebrecht. En estas reuniones yo debía exponer los detalles del progreso de nuestro trabajo... Hasta que llegó el momento crucial en que mencioné: ‘Fiscal general, yo considero que existen suficientes elementos para vincular al vicepresidente’”.

“Hubo un silencio frío. Todos voltearon para mirarme. Quienes formaban parte del equipo cercano de Carlos Baca —muchos de ellos venían de la Presidencia— se quedaron inmóviles. Tenían sus lealtades políticas. Pero en ese momento no dijeron nada”.

“’Sí, sí, vamos a analizarlo’, contestaron’. Pero le daban largas”, relata ella.

La instrucción fiscal solo duraba 90 días. En el día 80 Salazar le dijo a Baca: “Fiscal, se me agota el tiempo. He encontrado suficientes elementos. Si no revisan el expediente, si no confían en mi criterio, el día lunes a las ocho de la mañana pondré en su despacho el impulso con la vinculación y terminaré mi trabajo”.

“No, doctora”, le pidió él, “no actúe así”.

Salazar redactó el impulso fiscal y lo entregó. Entonces fue convocada a una reunión en la que escuchó una llamada.

“Carlos Baca —tenso— levantó el auricular: «No, presidente… pero entiéndame… No puedo sostener esto por más tiempo… Hay suficientes elementos… No me diga que esto es traición». Estaba hablando con Correa.

“Intentaba explicarle que no había forma de evitar la vinculación penal. Que los elementos eran evidentes... Ese fue el instante en que Baca cayó en desgracia con la Revolución Ciudadana. Ese momento devino en su posterior destitución por juicio político”, relata ella.

Entonces, “Baca lloró”. Dijo que era una de las decisiones más duras de su vida.

El 13 de diciembre de 2017, Glas fue condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita. “La Fiscalía demostró que recibió unos $ 13,5 millones en sobornos”, dice ella.

Caso Freddy Carrión: “Hubo una campaña contra mi reputación”

En el caso de violación que involucró al exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, la ex fiscal general Diana Salazar señala que libró dos batallas: una para demostrar la culpabilidad del acusado y otra para defender su reputación.

“Desde el inicio me propuse exponer, paso a paso, cómo la Fiscalía había demostrado los hechos ocurridos la noche del 15 de mayo de 2021; las pruebas eran indiscutibles. Y acaso por esta contundencia probatoria es que la estrategia defensiva fue cada vez más débil, pues saltaba de hipótesis en hipótesis sin lograr sostener ninguna. Lo cierto es que, más allá de los alegatos, las pruebas científicas, los testimonios concordantes y los registros gráficos mostraban con claridad la secuencia de los hechos. No solo se probó la materialidad del delito, sino también las consecuencias para la víctima”, relata en su libro.

“Con ese cúmulo de pruebas, sostuve que la conducta se subsumía de manera total en el delito de abuso sexual tipificado en el artículo 170 del COIP (Código Orgánico Integral Penal). Además, concurrían agravantes: el hecho ocurrió en estado de excepción por la pandemia y, más grave aún, el procesado conocía previamente a la víctima“.

“Por eso pedí a los jueces que lo declararan culpable como autor, imponiéndole la pena máxima prevista, aumentada en un tercio. Era lo que correspondía no solo por los hechos probados, sino por la necesidad de enviar un mensaje firme en contra de la violencia sexual”. Y ellos, en efecto, lo condenaron a prisión.

“Sin embargo, la batalla no terminó en la sala de audiencias. Apenas dictada la sentencia, comenzó otra, quizás más perversa y dolorosa para mí. La esposa del sentenciado (Priscila Schetinni) instrumentalizó y emprendió una insólita campaña contra mi honor y mi trayectoria: me acusó falsamente de plagio en mi tesis universitaria e intentó instalar la idea de que mi título de abogada debía ser anulado”.

“No fue un ataque aislado: se articuló con la fuerza de muchos de mis adversarios que adhirieron a su campaña, los que veían en esa denuncia una oportunidad para destruirme y, de paso, arrastrar conmigo la validez de la condena” contra Carrión.

Para Salazar, el objetivo era claro: “si lograban despojarme de mi título, si me reducían a una impostora, la sentencia se caería como un castillo de naipes”.

Si bien no lo consiguieron, ella dice que sí lograron algo grave: desviar la atención pública. El delito sexual cometido quedó en segundo plano... En vez de indignarse por la violencia contra una mujer inconsciente, muchos preferían consumir la fábula de mi descrédito personal".

Caso Sinohydro: “Le dimos un nuevo giro a la investigación”

Para Diana Salazar, el caso Sinohydro tuvo una relevancia particular. Esto porque el principal sospechoso era el exvicepresidente y expresidente Lenín Moreno, quien la nombró directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en el que estuvo por comisión de servicios, en 2018.

Entonces ella no quería que se dijera que había una deliberada intención de no investigar el tema en profundidad, explica en su libro autobiográfico.

“El caso Sinohydro no surgió como un escándalo aislado, sino como la confirmación de un sistema de mediaciones, consultorías ficticias y favores pagados que habían rodeado al proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair durante casi una década”.

“Cuando llegué a la Fiscalía, la investigación ya estaba iniciada. En ese momento se la conocía como INA. No tenía un direccionamiento estratégico real. La indagación se había centrado casi exclusivamente en obtener información sobre una cuenta denunciada por un movimiento político (el correísmo) que buscaba perseguir al expresidente que, a decir de ellos, los había traicionado”.

Se hablaba de $ 76 millones en coimas, el 4 % del valor del contrato. “Ese dinero se había canalizado a través de terceros, mediante falsos servicios de consultoría y representaciones, y había sido entregado en forma de dádivas, cheques y transferencias”.

Salazar relata que ella le cambió el enfoque a la investigación. “(...) Empezamos prácticamente de cero y revisamos el contrato del proyecto Sinohydro en su totalidad. Fue ahí donde comenzaron a aparecer las verdaderas sorpresas. Este no era un caso que se limitara al exvicepresidente”.

“Surgieron responsabilidades de quienes habían formado parte de la trama desde la comisión técnica, de ciudadanos de nacionalidad china y de otros actores que hasta ese momento no habían sido mencionados. Incluso apareció el nombre del exembajador chino (Cai Runguo) que había actuado como representante y gestor para la suscripción del contrato (...)”.

En el texto ella afirma que fue una investigación abierta y amplia, “que no se limitó al círculo del exvicepresidente, sino que abarcó a todos los beneficiarios”.

“Mi posición fue clara desde el inicio: más allá del correísmo o del anticorreísmo, lo que correspondía era investigar los hechos, analizar los elementos y establecer las posibles responsabilidades. Eso fue exactamente lo que hicimos; yo no iba a permitir que la Fiscalía se convirtiera en un arma más en una guerra entre grupos políticos”.

La investigación avanzó con dificultades, explica la ex fiscal general. Sobre todo por las demoras para obtener información de la cooperación internacional.

En marzo de 2023 se formularon cargos y, en los meses siguientes, se fueron definiendo las medidas procesales para los distintos involucrados.

La sentencia, finalmente, llegó hace pocos meses: Moreno, su esposa y otros parientes, así como su amigo Conto Patiño, sus allegados y abogados; y exfuncionarios de Coca Codo Sinclair y de Sinohydro fueron condenados a prisión por cohecho. (I)