Financiamiento electoral con recursos de los empleados municipales, pagos ilegales de compensaciones a transportistas, aprobación de la revisión de vehículos a cambio de dinero, contratación de “personal fantasma” y hasta entrega de permisos de operación para transporte escolar sin respaldo.

Son algunas de las presuntas irregularidades detectadas en Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (más conocida como ATM), según un informe de investigación preliminar al que accedió este Diario que se refiere a una supuesta red de corrupción en la que estarían involucrados David Alvarez y Armando Ortega, primo y abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y más funcionarios municipales.

El pasado 30 de octubre de 2026, la Fiscalía General y la Policía Nacional realizaron allanamientos al Municipio, la ATM y otras dependencias municipales en el marco de una indagación por supuesto peculado.

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La investigación preliminar señala algunos hechos presuntamente irregularidades en el manejo de la institución, cuyo gerente es Édgar Lupera.

Así, por ejemplo, el informe da cuenta de que los funcionarios que serían parte de la red de corrupción habrían solicitado a los directores y coordinadores de la ATM una contribución económica de $ 250 destinada a la campaña electoral de Fiorella Ycaza, esposa de Aquiles Alvarez y actual candidata a la Alcaldía de Guayaquil del correísmo.

Las contribuciones habrían sido entregadas a María José Z., directora de Talento Humano de la ATM, quien supuestamente las canalizaba a los allegados al alcalde.

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En tanto, sobre la compensación mensual de $ 1.134 a operadores de transporte creada en junio pasado por ordenanza municipal, se afirma que se estaría dando prioridad en los pagos solo a los choferes con los que los funcionarios municipales que integrarían la red de corrupción se han puesto de acuerdo previamente.

Además, se estaría pagando la compensación sobre unidades que no circulan, sustentadas en comprobantes de combustible fabricados para simular el gasto mínimo exigido.

De esos pagos, se estaría repartiendo el 10 % y el 15 % entre los principales integrantes de la estructura.

Respecto a una supuesta aprobación de los permisos de circulación de vehículos a cambio de dineros, el informe preliminar menciona que los funcionarios de la ATM se habrían reunido con operadores de buses para hacer estos tratos.

En la investigación se habla de la contratación de personal que no está realizando ningún trabajo comprobable.

Refiere que, según el instructivo de talento humano de la ATM, la contratación de personal externo depende de la inexistencia de otro interno capaz de ejecutar las tareas. Pero la entidad tiene una planta administrativa de más de 600 servidores, es decir que no se justificarían esos contratos.

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Se sospecha que estos funcionarios con contratos de servicios profesionales estaría operando como “gestores de los cobros a transportistas” y que parte de sus salarios se estarían destinando al funcionamiento de la supuesta red de corrupción.

Sobre los permisos de operación sin respaldo para transporte escolar, en la investigación preliminar se da cuenta de la existencia de un memorando en que se solicita a los agentes de tránsito que permita la circulación de siete furgonetas escolares e institucionales a pedido de una persona particular. Es decir que este documento estaría funcionando como una especie de salvoconducto que sustituiría al permiso inexistente.

El informe ubica a David Alvarez y a Armando Ortega en la cúspide de la presunta red de corrupción; ellos aparentemente seguían directrices del alcalde, quien está en el Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

El alcalde está sentenciado a prisión -en primera instancia- en el caso Triple A; mientras que en el caso Grillete se realizará en estos días la audiencia de casación.

En el primero se investiga la presunta comercialización ilegal de combustibles; en el segundo, el incumplimiento de disposición de autoridad legítima por haber retirado un grillete electrónico; y en un tercero caso, denominado Goleada, un supuesto lavado de activos. (I)