Que “sí” mantiene un porcentaje del 45 % de las acciones de la empresa Tonello Soluciones Integrales S. A., admitió el exviceprefecto de Pichincha y ahora candidato a prefecto Alexandro Tonello Carrera, adjudicataria de decenas de contratos de obra pública en los últimos años.

“Sí, sí. Soy accionista del 45 % y mi exesposa es la otra persona que tiene el 50 % de la sociedad”, puntualizó Tonello en declaraciones para un espacio digital.

Desde el 2011 la empresa Tonello Soluciones Integrales S. A. ha sido adjudicataria de 349 contratos para la ejecución de obras en varios cantones y parroquias de Pichincha y otras de la Sierra, así como en entidades públicas bajo las modalidades de régimen especial, ínfima cuantía, emergencia y en consorcios.

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Según los registros de la Superintendencia de Compañías, la empresa tiene como accionistas a los hermanos Alexandro, Diego y David Tonello, y a Mónica Calderón Crespo, su exesposa.

Para la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, la actuación de Tonello es parte de la “vieja política que ha seguido manoseando el servicio de contratación pública”.

“Hemos visto cómo se pasan por encima de la ley, porque la Ley de Contratación Pública señala que ningún funcionario puede ser contratista del Estado. Pero, como les ha valido la ley, no les ha importado... Sin embargo, nosotros vamos a seguir siendo incómodos y vamos a seguir enfrentándolos”, dijo Morillo, en una entrevista televisiva el viernes último.

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“Piensan que los ecuatorianos somos tontos y que vamos a seguir creyendo en esas falsas narrativas. Hay información contrastada por el Servicio de Contratación Pública. Él (Tonello) fue viceprefecto desde el 2019 y durante todo este tiempo han existido estos más de $10’5 millones, que lamentablemente pudieron haber financiado otras actividades. Pero, como les encanta manosear el sistema de contratación los vemos aquí haciendo lo que ellos saben hacer siempre: robarle al pueblo ecuatoriano”, lamentó la ministra de Estado.

Alexandro Tonello fue hasta agosto pasado viceprefecto de Pichincha, cargo al que llegó en binomio con Paola Pabón por el movimiento político Revolución Ciudadana (RC) para el periodo 2019-2023, y luego reelectos para el periodo 2023-2027.

En la actualidad es candidato a la Prefectura de Pichincha por una alianza electoral compuesta por los partidos Unidad Popular (UP), Socialista Ecuatoriano (PSE) y el movimiento provincial Todos, listas 2-17-70, luego de que, por pedido de la Fiscalía General, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió las actividades políticas de la RC.

Al menos medio centenar de los contratos de ínfima corresponden a obras o servicios en municipios de Pichincha como Cayambe o Pedro Moncayo, y parroquias rurales como Nanegalito, Cangahua o San José de Ayora, y que fueron entregados a la compañía a partir del 2019, cuando Tonello ya era viceprefecto de esa jurisdicción.

Sin embargo, Tonello aseguró que “no existió conflicto de intereses” por su rol de empresario y autoridad pública, ya que en “ningún momento” recomendó, presentó o influyó en la adjudicación de contratos.

Agregó que la empresa tiene 25 años de trayectoria y el 20 de noviembre de 2018 renunció a la gerencia para competir por la viceprefectura.

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“He tenido claridad de mi rol como autoridad y como empresario. Tengo la tranquilidad de jamás haberle pedido a ningún alcalde ni municipio que tenga una posición. El viceprefecto está en su actividad pública como corresponde, con sus límites allá. La empresa sigue operando en un territorio en donde no puedo tener control si es que van las personas a comprar o pedir un repuesto o se repare una máquina o algo así...”, argumentó el político.

Sin embargo, en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública se menciona que no podrán celebrar contratos con entidades públicas los siguientes funcionarios: el presidente y el vicepresidente de la República; los ministros y secretarios de Estado; el director general o la directora y demás funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública; los legisladores; los presidentes o representantes legales de las entidades contratantes previstas en esta ley; los prefectos y alcaldes; los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral.

La relación empresarial de Tonello la reveló el presidente Daniel Noboa en un posteo en sus redes sociales el 29 de octubre pasado, en el que exhortó a la Contraloría General a analizar estos hechos.

“Pichincha lleva años abandonada por sus autoridades locales. Estas autoridades han ido solucionando sus vidas en vez de solucionar los problemas de la gente. Más de 300 contratos públicos, distribuidos en cantidades pequeñas para pasar debajo del radar, suman más de 10,5 millones de dólares en la última década. Una buena porción de estos contratos han sido otorgados por municipios de la provincia de Pichincha. Gran parte de estos contratos han sido entregados a dedo a un viceprefecto en funciones, por medio de una empresa que, para colmo, tiene su nombre en la razón social, así como en la lista de accionistas. La empresa: Tonello Soluciones”, describió el jefe de Estado. (I)