La precariedad que afrontan las familias en el ámbito rural ha sido remarcada durante la pandemia del COVID-19: falta de todo. Por eso es comprensible la usual migración desde el campo, motivada principalmente por la aspiración de que los jóvenes pauperizados accedan a mejores oportunidades en las economías urbanas –educación, empleo, servicios, vivienda– aunque muy poco llegue a concretarse.

Dotar a los habitantes de las áreas rurales de un relativo bienestar es fundamental para que no se produzca el abandono de las actividades agrícolas. Y la vivienda es uno de los aspectos centrales para lograr bienestar. El gobierno del presidente Guillermo Lasso así lo ha entendido y proyecta la construcción de doscientas mil viviendas para ese sector en cuatro años. Se prevé también un plan masivo de regularización y titularización de terrenos con proyección nacional.

La meta del presidente es concreta. Ha dicho que “un Ecuador con viviendas dignas es aquel que incluye soluciones habitacionales de calidad con un entorno que fomente una comunidad segura”, proponiéndose lograr que los ecuatorianos accedan a una “vivienda digna”.

En los entornos rurales, la vivienda debe estar acorde con la actividad agrícola que ejercen quienes allí habitan y con los ecosistemas circundantes, su cultura y necesidades comunitarias. Estos aspectos no deben ser obviados en la planificación de los proyectos a ejecutarse.

El ministro de Vivienda, con base en información del Banco Interamericano de Desarrollo del 2019, refiere que en Ecuador existe un déficit habitacional de más de dos millones de viviendas; de ese total 850.000 son requeridas en zonas rurales. Durante el presente gobierno, la meta es cubrir una cuarta parte de esa demanda.

El bienestar de la familia en su vivienda debe estar asociado con la calidad de vida y la sustentabilidad, para asegurar su permanencia en ese entorno con posibilidades de desarrollo humano y social. Lograrlo constituirá un gran aporte para el país en general. (O)