El poderoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha vuelto a dar muestra del peligro que representa para la institucionalidad del país que sus integrantes en conjunto no cumplan con su deber. Ayer, cuatro de los siete consejeros se convocaron para destituir a su presidenta y vicepresidente y nombrar sus reemplazos.
Es tarea del CPCCS designar autoridades clave. El punto de su quiebre ha ocurrido mientras está pendiente nombrar al nuevo contralor general del Estado.
Con el nefasto precedente del desempeño de los contralores entre 2007 y 2021, un nuevo nombramiento en medio de esta pugna genera suspicacias.
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Horas antes de su remoción, Sofía Almeida dio una rueda de prensa en la que denunció un intento de los consejeros de mayoría (Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira) de tomarse el CPCCS con la finalidad de “elegir autoridades a dedo”. Los aludidos, por su parte, argumentan que se requería reanudar la sesión en la que estaba pendiente tratar la reforma de los reglamentos para la designación de seis autoridades de control del Estado.
Por la mañana, los medios de comunicación recogieron imágenes de un contingente policial resguardando las instalaciones del Consejo. A pesar de que estaba prevista una sesión telemática, los consejeros de mayoría acudieron al pleno de manera presencial y reanudaron la sesión en la que también estaba mocionada la remoción de Almeida, acusada de abusos e incumplimiento de funciones.
De por medio, ambas partes habían solicitado medidas ante la justicia. Consumado el reemplazo de autoridades, la asambleísta de Pachakutik Mireya Pazmiño anunció un juicio político contra los consejeros de mayoría, con el respaldo de cerca de más de setenta firmas de asambleístas de la ID, PK, UNES y PSC.
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La ciudadanía observa con perplejidad tamaño enredo ocasionado por el ente que debe propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. (O)
