La opacidad y lentitud con la que se gestiona la vacunación contra el COVID-19 en Ecuador han llevado a que en la Asamblea Nacional se cuestione lo actuado.

A mediados de enero, el Gobierno difundió información sobre cómo serán las diferentes etapas de la vacunación. La fase cero arrancaría con la aplicación de una primera dosis y un refuerzo después de 21 días a 43.000 personas, de manera prioritaria a personal médico de primera línea de los hospitales públicos, a adultos mayores de los centros geriátricos estatales y al personal que los cuida.

En este plan piloto o fase cero se aplicarían las primeras 86.000 dosis negociadas con Pfizer, que deberían llegar hasta finales de febrero. La fase 1 de la vacunación masiva comenzaría en marzo, inmunizando a más trabajadores de la salud, profesores, policías, militares, bomberos, personal de recolección de basura y otras personas vulnerables. En las fases siguientes se vacunaría a los mayores de 18 años. El 20 de enero arribaron 8.190 dosis y el 17 de febrero llegaron 16.380. Según la Secretaría de Comunicación, esas entregas están en conformidad con el cronograma presentado al Ecuador por parte de la empresa farmacéutica.

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Sin embargo, varios legisladores se muestran preocupados porque no existe información sobre los beneficiarios de la dosis, la programación ni los resultados de la fase en curso. La Comisión de Salud de la Asamblea abrió un debate al respecto aduciendo que el ministro de Salud no responde a los pedidos de información sobre el tema. De continuar a este ritmo, se estima que se tardaría tres años en vacunar al 60 % de la población ecuatoriana.

Un comité de transparencia, conformado por representantes de universidades, que tuvo una actuación puntual, recomendó que se le permita al sector privado participar del plan de vacunación. Por su parte, la Contraloría examinará la adquisición de vacunas y la ejecución del plan. La prensa y la ciudadanía se suman a la exigencia de transparencia en el proceso y celeridad en la gestión. (O)