Crisis simultáneas empujan los flujos de migrantes indocumentados. Esos desplazamientos al margen de las normas de los países de origen, de tránsito o de acogida generan desajustes sociales.
Podría parecer contradictorio que mientras miles de ecuatorianos sucumben ante las ofertas de coyotes que los arrojan a un destino incierto en el extranjero y a la separación familiar, un significativo número de extranjeros llega a Ecuador para quedarse. Según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 500.000 migrantes y refugiados venezolanos viven aquí.
Esa movilidad creciente, de dimensiones hemisféricas, requiere que los Gobiernos trabajen de manera conjunta en crear políticas sobre los flujos migratorios.
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Para garantizar la inclusión económica y social de los inmigrantes, el presidente Guillermo Lasso, el pasado 1 de junio, mediante el Decreto 436, declaró la amnistía migratoria y el proceso de regularización para quienes han extendido su permanencia en el país sin regularizar su estatus migratorio. El proceso tendrá tres momentos, dirigidos a diferentes poblaciones: para las personas venezolanas que ingresaron de manera regular en calidad de turistas pero no salieron del país, para las personas de todas las nacionalidades y para las personas venezolanas que ingresaron de manera irregular.
La primera fase se inició el 1 de septiembre con el registro de migración. Aquellos que completen el proceso recibirán una Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos (Virte), que permitirá obtener posteriormente la condición migratoria regular, acceso a la cedulación ecuatoriana, a la seguridad social y al sistema financiero para apertura de cuentas o créditos.
Uno de los desajustes que genera la migración ilegal es la empleabilidad con menor salario por tratarse de personas indocumentadas, lo que repercute en la disminución de contratación formal con beneficios de ley. La regularización migratoria tendería a corregirla. (O)
