La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional que investigó las supuestas implicaciones del presidente Guillermo Lasso en el caso Pandora Papers concluyó en su informe de mayoría que es “un hecho de gran interés ciudadano que ha generado conmoción social”, argumento que podría esgrimir la Asamblea como causal de destitución del presidente.
Las reacciones de asambleístas de diferentes bancadas son contrarias a esa conclusión. Se podría decir que miran dos versiones distintas de una misma realidad.
Los hechos que configuran una situación de grave conmoción interna deben generar una considerable alarma social. Y estos suelen ser reportados por los medios de comunicación de manera frecuente.
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El jefe de bloque de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, cuestiona si el país está viviendo una conmoción en este momento. El asambleísta de Pachakutik Édgar Quezada, integrante de la referida Comisión, denunció que el documento del informe fue alterado minutos antes de ser aprobado. Tremenda aseveración requiere ser dilucidada.
Quezada, quien habló ante los medios de comunicación, dijo que aunque él votó a favor del informe en la Comisión, está en desacuerdo con la inclusión posterior de la figura de “conmoción social” en las conclusiones, pues “no había una justificación de conmoción social. No estuvo incluido y a último segundo lo incluyó el presidente de la Comisión”.
En la administración pública española se emplea la expresión ‘ley Campoamor’ para aludir a interpretaciones o aplicaciones de reglamentos que no son coincidentes con la interpretación general; en referencia al poema de Ramón de Campoamor que dice: “Y es que en el mundo traidor/ nada hay verdad ni mentira:/ todo es según el color/ del cristal con que se mira”. Sin embargo, las subjetividades no deberían admitirse en el principal órgano legislativo del país. La denunciada alteración del informe mancilla a la Asamblea. Le corresponde a la mayoría de sus integrantes impedir que se afecte al conjunto. (O)