Hasta ayer, por cuarto día consecutivo, las calles de varias ciudades en Colombia se llenaron de manifestantes –en medio del tercer repunte de casos de COVID-19– en rechazo a una reforma tributaria con la que el Gobierno pretendía cubrir el déficit dejado por la crisis de la pandemia.

Las protestas escalaron en violencia, vandalismo y actos de destrucción a bienes públicos y privados, en un paro que inmovilizó al país y evoca el estallido social ocurrido en Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020. En un mensaje en vivo, ayer, el presidente Iván Duque pidió al Congreso de su país que retire el proyecto de reforma tributaria que presentó su Gobierno hace tres semanas, y que fue el detonante del descontento social.

Los denominados paros nacionales –protestas que empiezan de manera pacífica y luego son contaminadas por grupos violentos que desatan el caos con acciones de vandalismo y destrucción– se habían venido convocando en Colombia por distintos sectores de oposición entre noviembre del 2019 y febrero del 2020, en rechazo a políticas económicas, sociales, ambientales, al manejo dado a los acuerdos de paz con las FARC-EP y casos de corrupción dentro del Gobierno.

En esta ocasión, el Gobierno del presidente Duque recurrió al Ejército para tratar de retomar el control, pues la policía antidisturbios vio sobrepasada su capacidad de respuesta. El balance de la jornada del sábado era de 338 policías lesionados y 249 ciudadanos detenidos acusados de vandalismo. Ayer varias oenegés denunciaron que habría al menos siete muertos.

La incertidumbre financiera que atraviesa Colombia requerirá tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, con base en consensos, para la sostenibilidad fiscal. Será una difícil tarea, pues la oposición ya mira hacia las elecciones presidenciales de mayo del 2022. Es deseable que prime la sensatez, pero en la región hay suficientes muestras de que la coyuntura política se aprovecha para fines partidistas antes que en procura de la consecución de programas pensando en la población. (O)