Síntomas de estos tiempos, que no hubo manera de preverlos al legislar, han hecho transitar por momentos indeseables a nuestro país. El desparpajo y la desvergüenza han ganado terreno entre figuras públicas y autoridades, quienes –por el contrario– debían aspirar a constituirse en paradigmas.

Con descaro y desafiando los estándares, varias personalidades inmersas en escándalos y procesos judiciales se las ingenian para imponer su voluntad, aunque con ello lesionen el orden legal, lo que ha sido posible con la concurrencia de sus acólitos y de facilitadores cuya intermediación es altamente cotizada.

Quito ha zozobrado a la sombra de un alcalde que fue elegido solo con el 21,35 % de la votación popular y que creyó que utilizando argucias podría imponerse, aunque pesara sobre él y sus afines una apreciable cantidad de señalamientos.

Al igual que en la Alcaldía de Quito, también en la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo se juega con las interpretaciones, los recursos legales y los plazos para perseguir fines mezquinos en detrimento del país y su población.

La descarada ostentación de faltas y vicios también es propia de personajes en otros ámbitos que burlan la justicia para resultar absueltos ante la estupefacción de quienes, parados en la otra orilla, velan porque prevalezcan los valores, las virtudes y el ordenamiento legal.

Es importante señalar que los personajes cuestionados no se hacen solos ni llegan a tener un amplio dominio sin un andamiaje que los sostenga. Se deben perseguir los nexos de sus redes e identificarlos con nombres y apellidos para evitar que perpetúen sus prácticas dolosas y el Ecuador se sacuda la carcoma.

Por ahora, Quito ha tomado un pequeño respiro al concluir el agotador forcejeo por su Alcaldía. El destituido titular, Jorge Yunda, finalmente ha debido aceptar lo dispuesto por las instancias pertinentes y ahora le toca al nuevo alcalde, Santiago Guarderas, transparentar lo que venía funcionando mal y marcar la diferencia con su administración. (O)