El Ecuador se encuentra abatido por tres problemas graves. Además del embate de la pandemia del COVID-19 y la deficiente gestión para adquirir vacunas en cantidades suficientes, con la oportunidad que se requiere, hay intranquilidad respecto al proceso electoral y zozobra por el sanguinario amotinamiento en varias cárceles del país.

En esos temas gravita la sospecha de corrupción, cuando no de inoperancia. No de otra manera se explica que funcione tan mal aquello en lo que debería prevalecer el bienestar común. Como si la realidad se dibujara al revés, son los intereses mezquinos los que tratan de imponerse en desmedro de quienes actúan con apego a la ley y al deber ser.

Sin embargo, como un haz de luz entre tanto desbarajuste hemos recibido la noticia del reconocimiento International Anticorruption Champions Award otorgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a la fiscal Diana Salazar, entre doce personas que se destacan a nivel mundial, por demostrar liderazgo, valentía e impacto en el combate a la corrupción y fomentar la transparencia.

En contraste, lo acontecido en las cárceles ha llevado a sugerir que se solicite asistencia internacional a países como Chile o Francia, que podrían dar asesoría para administrar de manera adecuada la población carcelaria.

En el escaso tiempo que le resta al presente Gobierno no será mucho lo que pueda lograr, como no sea lo urgente y puntual: identificar los focos de corrupción y permisividad que operan a nivel administrativo y sancionarlos de manera ejemplarizadora.

Le corresponderá al siguiente Gobierno diseñar y ejecutar una solución eficiente para evitar que el caos sangriento que ha causado conmoción social en estos días extienda sus tentáculos con mayor frecuencia y saña fuera de los linderos de las cárceles, al más puro estilo de los narcoataques centroamericanos.

Los electores deben reflexionar sobre cómo se originó esta situación y qué esperan del próximo presidente al respecto. (O)